La responsable de protección a la infancia del Gobierno colombiano, Cristina Plazas, calificó como "delito atroz" la prostitución a la que eran sometidos cerca de medio centenar de menores por una red desmantelada por la Policía con el apoyo de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU.
Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hizo un llamamiento a las demás autoridades del país para que incrementen su trabajo en la prevención de la prostitución de menores.
La funcionaria hizo esta solicitud en una rueda de prensa tras la desarticulación este fin de semana de una red que explotaba sexualmente a casi medio centenar de niños y niñas en las ciudades de Cartagena, Medellín y Armenia y destacó: "no podemos permitir que ellos (los niños) sigan siendo víctimas de este atroz delito".
La operación policial se saldó este fin de semana con la detención de 12 colombianos y un ciudadano estadounidense, según informó la Fiscalía.
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En Cartagena las detenciones se hicieron en las Islas del Rosario, un archipiélago cercano a esta ciudad del Caribe colombiano donde se celebraba una fiesta en la que se ofrecían servicios sexuales de menores de edad a colombianos y extranjeros.
"Las instituciones del Estado debemos trabajar de forma conjunta en función de la prevención de este delito, así como en la judicialización de los responsables de estos hechos para evitar que más niñas y niños sean víctimas de este doloroso delito", aseguró Plazas.
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En referencia a la operación policial internacional, Plazas se mostró sorprendida porque cuando hablaron con las niñas que eran víctimas de la organización criminal, revelaron que "todas fueron llamadas por redes sociales".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que recordó que en lo que va de 2014 se han registrado 120 casos de menores rescatados de la prostitución infantil, frente a los 688 de 2013, si bien destacó que el temor a denunciar genera que se produzca un "subregistro".
Por ello, la institución destacó que ha estado "liderando y acompañando programas de prevención y adecuación institucional" para proteger los derechos y garantizar el acceso a la justicia de los menores que son explotados por estas redes.
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