El proyecto de ley que busca aumentar penas a delincuentes en Colombia, en particular para delitos menores con el fin de que no sean excarcelables, ha tenido reparos por parte de expertos. La iniciativa contempla castigar hasta con 9 años de cárcel a los capturados, que, además, no quedarían libres horas después de ser detenidos.
¿Qué tan efectiva es esta apuesta del Gobierno? Expertos en materia penal coinciden en que la fórmula debe ir más allá. Esto generaría “más personas en las cárceles con un eventual crecimiento del hacinamiento carcelario”, según Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
“No está dotando de herramientas a todo el sistema jurídico penal en torno a qué va a pasar con el hacinamiento de más de 500 o 700% en URI o estaciones de Policía, o cercano al 1.000% en establecimientos penitenciarios y carcelarios. Allí va a haber un problema muy delicado para los jueces y para el Inpec, que tendrán las herramientas para judicializar, pero no sabrán a dónde remitir esas personas”, recalcó,
Por eso, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, sugiere “que debe haber una flexibilización en trámites y en recursos para construir más cárceles, más centros de reclusión, más unidades de reacción inmediata” si quieren aumentar penas a delincuentes.
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Y es que en la capital del país el 80% de los delitos que hoy se cometen son hurtos de menor cuantía, lo que de manera automática genera la excarcelación.
El funcionario también propone “que ese tipo de actividades o de actos delincuenciales tengan una pena privativa de la libertad y sean abordados en lógica de justicia restaurativa, es decir, resocialización, reparación a la víctima, garantías de no repetición. Creemos que esa aproximación es positiva y le sirve a la sociedad”.
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Planteamiento en el que coincide Rafael Báez, secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, quien dice que “está demostrado, desde los estudios criminológicos, que cuando un adecuado programa de resocialización es implementado la tasa de reincidencia disminuye drásticamente. En Colombia no tenemos eso, en Colombia, frente a cualquier delito, la consideración que se tiene es aumento de penas”.
Pese a los reparos, también rescatan las modificaciones que haría esta ley al concepto de legítima defensa, pero con una salvedad, según Herrera.
“Hay que generar es una política efectiva de control eficiente para que quien tenga un arma pueda, desde luego, acreditar responsabilidad en su uso, en su empleo, en cualquiera de los casos”, explica.
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