Los bienes pasarían a extinción de dominio porque no fueron reportados en el marco del proceso de paz.
Los negocios fueron cerrados, mientras que los administradores y trabajadores fueron interrogados por las autoridades.
“Vamos a tener un golpe económico más del que estamos sufriendo, la situación económica del país sumada a la de nuestros campesinos y ahora nosotros, la gente del comercio, todo un pueblo, la gente del comercio”, dijo Daniel Pineda, comerciante afectado.
La preocupación de la comunidad es que cerca de 300 familias se quedan sin empleo, por lo que ya anunciaron protestas alegando que sus negocios son legales.
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