El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, sostuvo que no ha recibido una petición concreta para una eventual reunión con quienes participan en la marcha de las extintas FARC, que se moviliza para rechazar los recientes crímenes contra quienes se acogieron al proceso de paz.
Agregó que “sería un error de parte del partido político de oposición FARC utilizar políticamente esto y pretender que haya algún nivel de negligencia por parte del gobierno para sacar réditos políticos”.
El Ejecutivo, además, quiso probar que sí está comprometido con la seguridad de los desmovilizados.
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Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, señaló que en los próximos días se reforzarán las medidas de seguridad.
Según él, ya hay “recursos para contratar 686 hombres de protección nuevos y 41 analistas de riesgos. (…) Tienen 344 vehículos blindados entregados por la UNP y les vamos a entregar 44 vehículos blindados más; tienen 191 vehículos convencionales y les vamos a entregar 18 vehículos convencionales adicionales”.
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En los antiguos espacios territoriales hay 2.225 uniformados para la seguridad de los reincorporados y, en palabras del general Javier Alberto Ayala Amaya, comandante del comando conjunto estratégico de transición, “pudiéramos advertir que de las 2.578 personas concentradas en las antiguas que ETCR, calculando, tienen una persona, un soldado, un militar atento a su seguridad”.
En un documento reciente sobre la seguridad de excombatientes se reconoce que el reto está en la protección individual de quienes se encuentran por fuera de esos espacios territoriales.
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