¿Cómo fue que Emilio Tapia, condenado por corrupción, volvió a contratar con el Estado?

Seis años después de ser condenado por uno de los peores desfalcos que ha vivido Colombia, el carrusel de la contratación, Emilio Tapia Aldana aparece de nuevo detenido y ante un juez, en medio de otro escándalo de corrupción.

• En contexto: Desde su casa por cárcel, así habría manejado Emilio Tapia los hilos de Centros Poblados

“Esta medida investigativa se requiere para poder recaudar información o elementos que nos permitan fundamentar esta teoría de la Fiscalía respecto de la elaboración y manejo de documentación falsa para ser presentada en los procesos licitatorios dentro de nuestro país”, explicó Andrea Muñoz, fiscal del caso.

A Emilio Tapia, quien aún estaba en casa por cárcel, se le había otorgado un permiso especial para trabajar y logró adquirir la empresa ICM ingenieros, que hoy hace parte de la unión temporal Centros Poblados. Uno de sus antiguos dueños, según los investigadores, fue Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca y también implicado en el carrusel de la contratación.

A ICM Ingenieros le entregaron $12 mil millones de los $70 mil millones que el Mintic dio como anticipo del contrato.

Para la Fiscalía, el papel de Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque y Jorge Enrique López, quien hoy está en la mira de las autoridades, fue falsificar estas garantías bancarias para quedarse con el millonario contrato que buscaba llevar internet a zonas rurales del país.

“Falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria que es de fecha 28 de octubre del año 2020, suscrito por el señor Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del banco Itaú”, añadió la fiscal.

En la investigación fue determinante el testimonio de Juan Carlos Cáceres, representante legal de Novotic, otra de las empresas de la unión temporal. Este hombre se habría convertido en el testigo estrella de la Fiscalía y quien dio el arranque de la investigación:

Pero esto no sería lo más grave. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que tiene pruebas de la falsificación de documentos en otros procesos de contratación, específicamente en uno con las empresas municipales de Cali, Emcali.