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Como “una vergüenza” calificó el procurador preacuerdo con implicados en Odebrecht

Como “una vergüenza” calificó el procurador preacuerdo con implicados en Odebrecht

A cambio de reconocer delitos, tres de los señalados recibirán penas de 25, 48 y 51 meses. Ministerio Público considera que no son drásticas.
El primero de los empresarios que firmó el preacuerdo es Gabriel Alejandro Dumar, gerente de concretos y actualmente recluido en la cárcel La Picota. A cambio de reconocer un delito, pagaría 48 meses de cárcel y devolvería 215 millones de pesos como parte del preacuerdo ya pidió disculpas públicas, en un artículo publicado por el diario El Espectador.
“La fiscalía presentó un preacuerdo frente al juez especializado de Bogotá que incluye el delito de enriquecimiento ilícito, dicho acuerdo prevé que el doctor Gabriel Dumar Lora debe devolver la suma de 238 millones de pesos, de los cuales ya efectivamente reintegro el 50%. Por el otro lado se espera a la aprobación de un principio oportunidad por el delito de lavado de activos”, indicó Luis Torregrosa, abogado defensor de Dumar.
Otro fue Gustavo Adolfo Torres quien a cambio de reconocer un delito pidió pagar una pena de 51 meses y una multa de 1.962 millones de pesos. Además, se comprometió a realizar una reparación simbólica en una entrevista a un medio de comunicación.
Federico Gaviria también firmó el preacuerdo para ser testigo en otros procesos. A cambio solo pagaría una multa de 83 salarios mínimos mensuales y cumpliría 25 meses de detención en una sede de la Policía.
Las penas fueron consideradas irrisorias por el procurador general al considerar que no son lo suficientemente drásticas frente al delito de lavado de dinero en el escándalo de sobornos de Odebrecht, que habrían cometido los implicados.
“Yo no lo calificaría de una burla sino de una vergüenza. Tener la posibilidad de cometer delitos y negociar mediante un acuerdo penas bastante leves lamentablemente daría risa, sería cómico, pero la verdad no es cómico sino que es trágico”, señaló Fernando Carrillo.
La aceptación final de los acuerdos está en manos de un juez especializado que decidirá el próximo año.

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