El Gobierno expidió un decreto para crear un registro nacional de abusadores sexuales, que debe ser consultado obligatoriamente por los empleadores.
Esta medida pretende inhabilitar laboralmente a quienes hayan incurrido en este tipo de delitos contra menores de edad y que tengan sentencia ejecutoriada.
Los campos laborales que deben analizar la base de datos son: educativo, recreativo de cuidado, protección, asistencia, salud, bienestar, cultural, religioso y otros que puedan implicar un trato directo y habitual con menores de edad. Aplica para cargos públicos y privados.
El decreto ordena que sea la Policía Nacional la encargada de administrar este registro que entrará en vigencia en los próximos seis meses. Las entidades públicas y privadas estarán obligadas a consultar el registro antes de comenzar con el trámite de contratación.
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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, advirtió que habrá consecuencias para los empleadores que incumplan con la verificación de antecedentes: “tendrán multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes”.
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