Conozca cuáles son las nuevas reglas para los desalojos que dictó la Corte Constitucional

La Corte Constitucional emitió nuevas reglas para las diligencias de desalojos que se lleven a cabo en el territorio nacional. El tribunal determinó que los ciudadanos que invadan predios públicos no tendrán derecho de adquirirlos posteriormente.

Asimismo, señaló que la ilegalidad no da derechos, pero sí establece mecanismos para asistir a personas en condición de vulnerabilidad que ocupan un bien.

Además, la Corte evidenció que desde hace 20 años los desalojos se realizan a criterio de la autoridad de turno. Esa situación llevó al tribunal a emitir una reglamentación en la que advierte que invadir una propiedad no consagra ningún derecho.

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Advirtió que, ante las ocupaciones ilegales por parte de las víctimas del desplazamiento, las autoridades pueden proceder al desalojo con el debido proceso. Esa situación dejó sumamente preocupados a los representantes de las organizaciones de víctimas.

“En Colombia no está garantizada una política pública para que las víctimas puedan acceder a la vivienda digna. Siempre piden una serie de trámites y exigencias económicas que no pueden cumplir. En este sentido, la Corte Constitucional ha dejado en manos de la Unidad de Victimas y de las autoridades municipales el derecho a la vivienda y da rienda suelta a actuaciones desbordadas del ESMAD”, sostuvo Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

La tercera regla para los desalojos se emitió para los entes municipales, los cuales deben dar albergue temporal por un plazo máximo de seis meses a las personas de escasos recursos y víctimas de la violencia.

“Respetamos la decisión de la Corte Constitucional, pero obviamente nos preocupa porque se puede constituir en un aliciente para que se promuevan por personas inescrupulosas una masiva invasión de bienes públicos. Nuestro llamado los alcaldes del país es prever esta situación y garantizar la vigilancia permanente de los bienes públicos”, manifestó Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación de Municipios.

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Finalmente, el alto tribunal puntualizó que las autoridades del orden nacional deberán inscribir en los programas de desarrollo de políticas de vivienda a las víctimas desplazamiento forzado en el país.