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¿Corrupción con créditos para campesinos? Claves de investigación que salpica a minagricultura

Fiscal, contralor y procurador hablaron sobre el proceso que involucra a Rodolfo Enrique Zea. “Queremos que los recursos lleguen a quienes lo necesitan”, dicen.

En entrevista con Noticias Caracol, Francisco Barbosa, fiscal general, señaló: “Este asunto surge de un informe del contralor general, de la línea de crédito Colombia Agro Produce para beneficiar a los productores del campo. En el informe se señala que esas líneas especiales de emergencia no estarían cubriendo a los productores pequeños. Al parecer, de los 226.000 millones, 213.566 millones serían destinados a grandes beneficiarios que no son de producción, 8.300 millones a medianos y 4.200 millones a pequeños productores”.

Agregó que se asignó una fiscal anticorrupción y un investigador ante la Corte Suprema para indagar si existen irregularidades. No obstante, aclaró que “no se está condenando a nadie de antemano”.  

Frente a este tema, el contralor Carlos Felipe Córdoba explicó que “se ponen los créditos para los grandes productores y, en ese sentido, se deja de lado la importancia de los pequeños y medianos. Por eso, lo que se ve y lo que hace referencia el documento es la falta de vigilancia y control por parte de Finagro, quien debe estar completamente verificando los recursos que van a la tasa de interés de dichos recursos”.

Asimismo, señaló que también están verificando los recursos que pone Bancoldex en todo el sistema financiero.  

El procurador general se mostró optimista sobre los resultados de estas indagaciones. 

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“Se trata de examinar con mucho detenimiento las pruebas. Estamos en una especie de sinergia de las tres instituciones donde se comparte pruebas, se examinan las decisiones y se miden los efectos penales, disciplinarios y fiscales. Eso no tiene antecedentes en el escenario público colombiano”, apunto Fernando Carrillo. 

El jefe del Ministerio Público, así como el fiscal y el contralor, sostiene que se busca es que los recursos lleguen a donde toca”.

En contexto: Suspenden a gobernador de Chocó por contrato “inexplicable, incumplible y exótico” en la cuarentena

Irregularidades en contratación

 

Entes de control tienen la lupa puesta en más de 17.000 contratos.

El fiscal Barbosa señaló que están detrás de “posibles comisiones de delitos de interés indebido en la celebración de contratos y de celebración de contratos sin requisitos legales”.

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En este proceso se investiga a los gobernadores de Vichada, San Andrés y Arauca.

“En los próximos días se involucrarán a tres o cuatro gobernadores más. Tenemos más de 38 casos con 41 funcionarios municipales, entre ellos alcaldes y secretarios de Gobierno”, declaró el jefe del ente investigador.

Y adelantó que habrá imputaciones con medida de aseguramiento contra varios funcionarios. “No se va a tolerar que les pongan una mano a los recursos públicos”, precisó.  

El contralor destacó que gracias al trabajo conjunto se han empezado “a devolver recursos de estos créditos por $33 mil millones. A la vez se ha logrado que empiecen a renegociar o a hacer los otrosíes de los contratos de los que hemos estado hablando. Es muy importante porque eso significa que el atún a $20.000, que costaba realmente $4.000 la lata, va ayudar a que lleguen más kits de alimentación a las personas que tanto lo necesitan en medio de esta pandemia”.

“Lo que está claro es que tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la corrupción. Lamentablemente la politiquería y la corrupción no se fueron de cuarentena. De ahí la importancia de esta alianza (entre Contraloría, Fiscalía y Procuraduría), tenemos que ponerle un freno de mano, un tatequieto, a todos estos escenarios de corrupción”, dijo, por su parte, el procurador Carrillo.

Y agregó que “hay casos en los cuales se han suscritos contratos para eventos, para actividades culturales y artísticas, cuando Colombia no está en ese tono. Hay sobrecostos que van del 30% hasta el 300% en muchos contratos. Otorgamiento con fines políticos, algunos han creído que esta es la hora de pagar favores políticos, las deudas de la campaña de entregarle contratos a amigos o familiares”.

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Denuncia ciudadana

 

El procurador también resaltó que “lo más importante acá es la denuncia ciudadana. Yo diría que en un 70% de los casos han sido los ciudadanos los veedores, aquella persona que es testigo en algún momento del ilícito que se está cometiendo”.

“Nosotros hemos venido diciendo que la corrupción mata y eso es verdad ahora más que nunca. Actos de corrupción que se roban recursos que son ayudas para las personas más vulnerables, que se llevan dinero que va para equipos de bioseguridad de los médicos y del personal sanitarios. Eso es una desgracia del sistema político y por eso hay que combatirlo con todas las armas”, añadió.

El contralor y el fiscal se sumaron a estas palabras y prometieron que se revisará cada contrato.  

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