Corruptos, sin derechos: Estado se blinda de tener que devolverles dinero

El fallo de la Corte Constitucional pone freno a personas y empresas a las que les anulan contratos y piden reembolsos.

Cristina Pardo, magistrada ponente, explicó que con esta decisión “la corte buscó proteger esta fórmula financiera de estos contratos y proteger a los financiadores de buena fe y a todos los acreedores de contrato o de los contratistas que hayan actuado de buena fe”.

La sentencia reconoce que esta ley lo que busca es generar seguridad jurídica para los inversionistas, pero que en casos en los que sea evidente la mala fe allí no se pueden generar ningún tipo de derechos.

"Excluyó la posibilidad de hacerle reconocimientos y devoluciones por costos o gastos e inversiones a los contratistas que hubieran actuado de mala fe, dolosamente en la comisión de un ilícito o de un acto de corrupción y por ese motivo hubiesen dado origen a la nulidad del contrato", añadió la magistrada Pardo.

El fallo advierte que los consorcios de buena fe están protegidos y que la corte señala que en cada caso en particular debe ser revisado para establecer las condiciones de la nulidad.