La sala plena de la
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La ponencia de la magistrada Cristina Pardo daba la razón a varias tutelas que los excombatientes de las FARC interpusieron en distintas partes de Colombia y que alegaban falta de garantías en los territorios, entre otros incumplimientos por parte del Estado al acuerdo de paz.
Al analizar los argumentos, la Corte Constitucional estimó que se ha afectado, en modo grave, derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la paz.
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- Vea el informe especial:
La paz en Urabá es la suma de tropiezos y esfuerzos
“Es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes de un acuerdo de paz hayan sido asesinados tras un proceso que puso fin a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado, al que durante tantos años combatieron”, dice la ponencia de la magistrada.
En su fallo, la sala plena de la Corte Constitucional pidió una sala especial de seguimiento que verificará las órdenes dictadas para la protección a los excombatientes.