La concejal dice que en el acuerdo, que se dio en noviembre del 2013, se habla del Instituto para el Desarrollo de Antioquia como accionista mayoritario, pero que al contrastar la información con el certificado de Cámara de Comercio, esto no aparece.
“No tiene registro único de proponentes ni está inscrito para competir con otros ofertantes… el proceso de selección se usó de fachada para rechazar a los proponentes y decirles que su capital de trabajo no cumple”, explicó Jaramillo.
Denuncia, además, que la empresa ha sido evaluada negativamente por las calificadoras de riesgo durante tres años.
La cabildante sostiene que se pagó un anticipo de 8 mil millones de pesos a esa empresa, a pesar de que el contrato es por un alquiler y que, en ese caso, la ley no permite dar dinero por adelantado.
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