Al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, en el que levanta las órdenes de captura y de extradición al equipo negociador del ELN, se suman acercamientos exploratorios con disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que en la búsqueda de la paz total “las condiciones para avanzar en esos diálogos están definidas en la Constitución y efectivamente el presidente Petro ha dispuesto que, si es necesario, habrá la adopción de las medidas que se requieran para ello, incluido suspender órdenes de captura”.
El gobierno de Petro quiere presentar al Congreso una ley de sometimiento, es decir, un marco jurídico para que se establezcan condiciones con el fin de que personas que hacen parte de organizaciones criminales como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC se entreguen y proporcionen información de su actuación ilegal a cargo de beneficios judiciales.
Analistas como León Valencia piden dejar normas claras para evitar futuros errores: “Ojalá no se les ocurra confundir eso con negociaciones políticas y de paz porque eso termina mal, incluso cuando se hacen esos acuerdos en el que hay una mezcla de política y sometimiento se enreda la cosa. Se enredó incluso con los paramilitares”.
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