En un comunicado, el Ejército Nacional argumentó que estos movimientos comenzaron en abril y finalizaron previo concepto de una junta asesora, el pasado viernes.
En las resoluciones 1464 y 1476, fechadas el 22 de mayo y firmadas por el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se retira del servicio activo a 12 oficiales: seis coroneles, tres mayores y tres capitanes.
Entre los oficiales está el coronel Mauricio Ruiz, quien comandó el batallón de artillería 3 en la tercera brigada, y el coronel César Fabián Flórez Sánchez, que fue comandante del batallón especial energético 2, adscrito a la primera división del Ejército.
La medida discrecional se dio en medio de las investigaciones por el escándalo de perfilamientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos desde la ciberinteligencia militar, así como de las recientes revelaciones de graves casos de corrupción al interior de la institución de la misión de contrainteligencia denominada Bastón y el llamado a juicio disciplinario a 13 oficiales por parte de la Procuraduría General.
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Fuentes del Ejército Nacional señalaron que se trata de actos administrativos usuales en la institución y algunos de ellos podrían estar relacionados con estos hechos.
La institución castrense, indicó oficialmente en un corto comunicado que “la administración del talento humano en la institución es dinámica, de manera que los procesos de incorporación y retiro del personal, que se producen por diferentes causales, son permanentes y conforme a lo dispuesto en el decreto 1790 del 2000”.
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Sin embargo, los documentos en su parte resolutiva señalan que los oficiales son dados de alta por tres meses y que en caso de existir información que pueda tener alcance penal o disciplinario en contra de ellos, el comando oficial del Ejército remitirá la información a las autoridades competentes.
Entre tanto, varios congresistas enviaron a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría solicitudes para que den a conocer los procesos que se han adelantado contra integrantes del Ejército en los último cinco años, no solamente por los seguimientos ilegales a algunas personalidades, sino también por hechos de corrupción y nexos con organizaciones criminales.
Además, emitieron una carta a la Corte Penal Internacional en la que le piden expresamente que se abra investigación por estos hechos.
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