En un documento de 119 páginas radicado este jueves ante la JEP, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', quien fuera uno de los narcotraficantes más buscados del país, solicitó el beneficio de la garantía de no extradición. Este beneficio se concede a los comparecientes de laJEP que tengan procesos de extradición vigentes. En dicha solicitud, la defensa de 'Otoniel' expone punto a punto las razones por la que considera que este trámite debe frenarse asegurando que es su deseo aportar verdad sobre hechos como los falsos positivos ocurridos en Casanare, nexos entre Fuerza Pública y paramilitares, desplazamientos forzados, entre otros.
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Los primeros salpicados por alias 'Otoniel' serían el general en retiro Henry Torres Escalante, quien es investigado por esta justicia especial por casos de ejecuciones extrajudiciales; el excomandante de las Fuerzas Militares Leonardo Barrera Gordillo y el exdirector del DAS Casanare, Orlando Rivas Tovar.
“En concreto por parte de los generales Leonardo Barrera Gordillo y Henry William Torres Escalante, cuando fueron comandantes de la XVI Brigada del Ejército en Casanare en los años 2005 y 2007, respectivamente. Acciones ordenadas por estos generales en las que se perpetraron asesinatos extrajudiciales, masacres, desapariciones y demás hechos graves violatorios de los Derechos Humanos contra personas civiles en los departamentos de Casanare y Meta, como los casos del asesinato de Daniel Torres y Roque Julio Torres, padre e hijo, en el año 2007, o el asesinato del campesino Cayetano Mendivelso ocurrida en Tamara, Casanare de 2006, además de otras ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare)”, se lee en el documento.
Sobre el capítulo del general en retiro Leonardo Barrero asegura que conoce de supuestas retribuciones económicas que se le habrían dado al alto oficial por parte de grupos armados ilegales.
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“Uno de los casos de cooperación permanente con nuestro accionar ilegal es el del general Leonardo Barrera Gordillo, quien desde el año 2005 cuando era Comandante de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, no solo coordinaba acciones contrainsurgentes en las que produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos, sino que también recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al bloque Centauros de las AUC en el Casanare y después en el Urabá cuando fue comandante del Batallón Junín No 33, para que nos permitiera desarrollar nuestra economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que pagamos cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá”, agrega la defensa de Úsuga.
En el documento también relata que está dispuesto a contar cómo se concertó con políticos, militares y funcionarios públicos para la comisión de delitos en el Urabá antioqueño. Del mismo modo, 'Otoniel' asegura que puede aportar todo tipo de pruebas que demuestren cómo, en su calidad de tercero civil, se asoció con empresarios, ganaderos y políticos de las regiones de Casanare y Urabá quienes colaboraron con el paramilitarismo.
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Según el narcotraficante, junto con estas personas se financiaron y apoyaron “logísticamente actos violentos contra reclamantes de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y líderes sociales que se opusieran a los planes de despojo de tierras por parte de grandes empresas ganaderas y palmeras en estas regiones, que incluían el asesinato, el secuestro, las amenazas y atentados y el desplazamiento forzado de familias campesinas de sus predios rurales”.
Antes de evaluar esta garantía de no extradición, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá evaluar si acepta el sometimiento del exjefe del Clan del Golfo. Hasta el momento, la JEP ha recibido 66 solicitudes de este beneficio de garantía de no extradición. De las 66, solo una fue concedida a Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, quien era requerido por una Corte de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Este beneficio se le concedió el 15 de mayo de 2019, en donde se ordenó su libertad inmediata.
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