Empresas también se habrían aliado para repartirse contratos de transporte especial

El empresario Fernando Suárez González también figura en el rastreo de otra cadena de irregularidades para asegurar contratos en el sector del transporte en Barranquilla.

En varias conversaciones de 2017 con el abogado Leonardo Enrique Jiménez, funcionario de la secretaría de control urbano y espacio público de la alcaldía, se habrían pactado las condiciones para beneficiar a la empresa FSG a cambio de unos pagos. Los chats revelan que el contratista obtuvo la información de sus competidores y la indicación de la propuesta.

Leonardo Jiménez (alcaldía de Barranquilla): Estas fueron las empresas que manifestaron interés. Le pregunto: ¿esas empresas son de Bogotá?

Fernando Suárez González: Sí, todas de Bogotá.

Leonardo Jiménez: En la propuesta trate de bajar lo más posible.

Fernando Suárez González: (...) Entonces quedamos así. Revisamos bien lo del tonelaje.

Leonardo Jiménez: Ok.

En este caso, se encontraron soportes bancarios de que el empresario Suárez le consignó 10 millones de pesos al abogado Jiménez por concepto de “gastos barranquilla”, el 31 de julio de 2017.

Los investigadores creen que ese habría sido el pago por ajustar varios negocios y así lo reseñan en la investigación. Jiménez tampoco contestó el mensaje enviado por Noticias Caracol para conocer su versión.

Algo parecido ocurrió en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 2019. FSG quería obtener un contrato por 15.734 millones de pesos para prestar el servicio de transporte de la entidad.

Para ello, según la SIC, se contactó con Luz Elena Duque Santana, funcionaria de la dirección financiera de la CAR. Según la SIC, Duque Santana había sido encargada de proyectar el análisis del sector de transportes especiales y los pliegos de condiciones definitivos y de la evaluación técnica de las ofertas de este proceso.

En este caso hay dos particularidades: FSG, en efecto, se ganó el contrato, y segundo, Duque Santana recibió de FSG 34 consignaciones por un valor total de 60 millones de pesos entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Algunas de ellas fueron marcadas con el concepto de "comisión", según los chats.

Noticias Caracol consultó a Luz Elena Duque Santana, quien aseguró que su única relación directa con Suárez fue por la compra que le hizo de un carro minicooper: “Yo recibí ese dinero ya que para nadie es un secreto en la corporación que el señor Fernando se dedica a venta de vehículos (…) Y le compré el carro a él. El tema es que el carro no salió en óptimas condiciones. Yo lo arreglaba y otra vez, lo arreglaba y otra vez. (...) Entonces él me decía arréglalo y yo te devuelvo lo que valga el arreglo”.

En relación con la licitación que se ganó la compañía de Fernando Suárez en la CAR, la funcionaria explicó: “Yo proyecto un estudio de mercados como se ha proyectado siempre y en todos los procesos, pero mi parte llega hasta ahí solamente, hasta proyectar. La decisión, quién se lo gana, por qué se lo gana, yo no tengo injerencia en eso”.

Además de presuntamente entregar sobornos y cuadrar a funcionarios para obtener contratos, la SIC tiene pruebas de que diez empresas de transporte más se habrían aliado para repartirse las entidades públicas con las que operaban. Por ejemplo, se autosaboteaban a propósito para descalificarse mientras simulaban competir con la empresa que debía quedarse con el negocio.

Aunque no siempre la cosa fluyó y de ello da prueba el siguiente chat grupal en donde varios empresarios se agarraron.

Jorge Riveros (Empresa Escolytur): Buenas noches, la verdad estoy muy molesto y quiero dejarlo en conocimiento de todos. Como es bien sabido las únicas entidades en las que está Escolytur son la Secretaría de Integración Social y la de Educación y no me parece justo que JR Y TRANSARAMA se presenten al grupo de los micros, ya que ese contrato es mío desde que se creó esta alianza.

Jorge Riveros (Empresa Escolytur): El fin de esta alianza fue defender los contratos que tenemos y traer nuevos contratos. No ‘lagartearnos’ los contratos que ya tenemos entre las empresas de la alianza.

Fernando Suárez González: Listo, estoy de acuerdo

Mauricio Betancourt (Empresa JR): No estoy de acuerdo porque no estamos lagarteando nada, estamos participando en una subasta. Y si el que tiene el contrato es Escolytur, pues se le respeta.

Lida Chacon (Empresa Lidertur): (...) Este tipo de cosas no se deberían tratar por acá, si bien hay diferencias debería citar a una reunión y hablarlas.

Según la SIC, en esa repartija se habrían pagado entre las mismas empresas para permitir que una u otra tomara la delantera en los procesos de contratación. Eso indicaría este chat entre Fernando Suárez y Javier Vargas Prieto, de la compañía Cootaxiexpress, quien estaría negociando a espaldas de sus jefes.

Javier Vargas (Cootaxiexpress): Hola Fernando. En la licitación de la alcaldía de Bogota el contrato es por $243 millones. Ya revisé y puedo subsanar (la propuesta). (...) Le propongo (que me entregue) 10 millones y me hago el huevón para dejarlo solo a usted en la subasta. Pero confírmeme porque hasta mañana hay plazo y quiero evitarme la fatiga...

Fernando Suarez González: No. 5 millones. Para usted solo.

Javier Vargas (Cootaxiexpress): Deme los 10! Se gana el contrato y se ahorra 14 millones. Hágale hombre que yo me he portado bien desde que empezamos a trabajar juntos

Fernando Suarez González: Y conmigo es ‘chan con chan’.

Javier Vargas (Cootaxiexpress): Bueno, 10 millones y me duermo con la Alcaldía de Bogotá.

Cootaxi y FSG eran los únicos proponentes para la selección de la Alcaldía de Bogotá. Al final, Cootaxi no enmendó los requisitos que le faltaban, tal como se pactó, y FSG se llevó el contrato por 243 millones.

Por ahora, los investigados por la SIC están alistando su defensa. Entre tanto, el organismo de control ya les envió a la Fiscalía y a la Procuraduría copia de su investigación para que también se pronuncien sobre este presunto cartel del transporte especial.

Vea la primera parte de este informe

Unidad investigativa

Los chats que salpican a alta funcionaria del gobierno en presunto cartel de carros blancos