Este miércoles continúa la audiencia por el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez,luego de que la jueza 41 de conocimiento de Bogotá negara la solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos, razón por la cual Uribe Vélez puede ir a juicio.
La Fiscalía apeló la decisión y hace su intervención este miércoles para sustentar la apelación.
El caso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos
La jueza Laura Barrera consideró, tras analizar lo dicho por la defensa de Uribe y por la Fiscalía, que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener "la condición de partícipe" en el delito de soborno y manipulación de testigos.
Ante esto, la Fiscalía anunció su apelación a la decisión al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe precluir el proceso porque el material existente no demuestra que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador Iván Cepeda.
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Y es que justamente en agosto pasado ese organismo solicitó el cierre del caso con el argumento de que "fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la jueza 28 Penal del Circuito de Bogotá", quien había negado previamente la preclusión de la investigación.
El caso por el que el exmandatario puede ir a juicio comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del expresidente contra el senador Cepeda, decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, le inició un proceso al exjefe de Estado por manipulación de testigos.
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Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular a exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe.
Sin embargo, el 18 del mismo mes el exmandatario renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.
El 10 de octubre del mismo año una jueza ordenó la libertad de Uribe, quien pese a no tener un cargo público mantiene una intensa actividad política en diferentes partes del país.
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La Fiscalía General escogió uno de los caminos que tenía en el caso del expresidente y fue apelar la decisión que tomó la jueza este martes, 23 de mayo de 2023, con lo que el proceso se traslada al Tribunal Superior de Bogotá.
Si el ente investigador no hubiera hecho lo anterior, el fallo de la jueza 41 habría quedado en firme y la Fiscalía habría podido radicar el escrito de acusación, con lo que se hubiera llamado a juicio a Álvaro Uribe.
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El ente judicial también tenía una opción distinta y era pedir una nueva preclusión del caso del expresidente.
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