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Envían a la cárcel a alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca, por corrupción

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Foto: Archivo Colprensa

Tras cinco días de audiencias preliminares en Buga, el Juzgado Cuarto Penal Municipal impuso medida de aseguramiento intramuros contra Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, tres funcionarios y un contratista del municipio. La decisión fue tomada por supuestas irregularidades en la contratación para cobertura educativa.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían presentado irregularidades en más de 90 contratos, de los cuales seis fueron objeto de análisis. Estos habrían sido otorgados directamente y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.
"A su vez los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hacían parte. El valor de los contratos es de  $3.070 millones", dijo la Fiscalía a través de un comunicado.
Según el organismo de control, en el año 2012 la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en el puerto. Como consecuencia de eso, el Gobierno Nacional autorizó 21.000 cupos.
De esta manera la ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación. Autoridades hicieron las primeras revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3845 menores favorecidos le costaba $1 millón al municipio.
"Los seis operadores habrían subcontratado con 33 operadores para prestar ese mismo servicio por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo $500 mil", agregó la Fiscalía.
Sostuvo el ente judicial que algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de los convenios. Asimismo, señaló que aparecieron niños clonados y niños fantasmas.
Además de Valencia, también deberán cumplir con la medida carcelaria Yacer Valencia Saa, coordinador de salud ambiental; Ancízar de Jesús Yepes Idárraga, asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Carlos Enrique Riascos, exsecretario de educación y el contratista Pedro Marino Barahona. Los procesados no aceptaron cargos.

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