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“Es delito de mayor gravedad”: JEP explica por qué imputó toma de rehenes y no secuestro a FARC

Eduardo Cifuentes, presidente de la Justicia Especial de Paz, llamó a la reconciliación y sostuvo: “Colombia no puede ser una sociedad nutrida por una venganza que se repite indefinidamente”.

El presidente de la JEP , Eduardo Cifuentes, habló con Noticias Caracol sobre la histórica imputación a los exguerrilleros de las FARC . Explicó qué viene ahora y por qué se cambió la tipificación del delito.

¿Por qué la JEP cambió la calificación del delito?

Eduardo Cifuentes: “Porque encontró que los hechos eran de una gravedad mayor que aquellos que fueron calificados dentro de la jurisdicción interna colombiana como secuestro. Se trata de que, en el contexto del conflicto armado, ante las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, era importante hacer uso de la competencia que tiene la JEP para calificar los hechos tal y como lo establece el Estatuto de Roma y las normas del derecho penal internacional. Estos hechos fueron clasificados como crimen de guerra de toma de rehenes , otras infracciones y delitos de lesa humanidad. Se trata de una calificación mucho más grave”.

En la imputación se dice: “No fueron errores ni necesidades del conflicto, fueron crímenes de guerra”

EC: Efectivamente, la estrategia de financiación de las FARC, la estrategia de control territorial de las FARC, la estrategia para buscar un canje de guerrilleros presos violó abiertamente el Derecho Internacional Humanitario porque colocó a la población civil como víctima. En el largo cautiverio se presentaron adicionales crímenes que precisamente afectaron la dignidad de las personas. Se violó el principio de atención humanitaria; las personas convertidas en instrumentos, en mercancías, en cosas y tratadas de una manera salvaje , eso no puede ser así, por eso la calificación de crímenes de lesa humanidad.

Implicaciones de esta decisión

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EC: Este es un acuerdo de paz para reconciliar al país. El país se reconcilia con una justicia que le dice no a la impunidad, como lo está haciendo la JEP, pero al mismo tiempo buscamos nosotros la verdad. Buena parte de lo que se dice en esta providencia proviene también, precisamente, de versiones libres de exmiembros de la cúpula de las FARC.

El país también tiene que rescatar que quienes han entregado las armas se disponen también a entregar la verdad y a asumir las consecuencias de la verdad.

Se trata de hechos asqueantes, eso es cierto, pero para reconocerlos, para afirmar ante la comunidad que ellos los han cometido, también se requiere valor; no es cinismo, es reconciliación en el país. Eso se pactó en el acuerdo de paz: entregar las armas y decir la vedad.

De modo que Colombia tiene que estar dispuesta a aceptar que se le diga la verdad y darles una oportunidad a unas personas que en su momento desviaron el camino de sus trayectorias vitales y ahora buscan reconciliación, buscan proceder de una manera recta, entregan la verdad, reparar a las víctimas, buscan reconciliación.

Colombia no puede ser una sociedad nutrida por una venganza que se repite indefinidamente.

¿Qué viene ahora?

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EC: Si hay reconocimiento, se procederá a una audiencia pública de reconocimiento frente a las víctimas. Si en efecto ese reconocimiento se da y es debidamente contrastado, pleno y auténtico, en ese caso entonces se abre el camino de las sanciones propias, así como los presupuestos para que el Tribunal de la Paz dicte la primera sentencia.

Si no se da un reconocimiento, se le pedirá a la unidad de investigación y acusación que formule la acusación ante el propio Tribunal para la Paz. Después de que se surta un procedimiento adversarial, se podrán imponer penas privativas de la libertad hasta de 20 años de prisión.

En el evento de que exista pleno reconocimiento, se imponen sanciones propias para máximos responsables de 5 a 8 años que suponen una privación de la libertad no necesariamente intramural, una limitación de la libertad.

Pero adicionalmente, medidas de reparación. Se trata de trabajos, de obras de contenido reparador; son las propias víctimas las que -con los mismos perpetradores y la JEP- pueden acordar cuáles son las medidas, los trabajos, las acciones que de una manera más adecuada pueden ser aceptadas por las propias víctimas como medidas de reparación.

No son penas simbólicas, son sanciones reales , que seguramente van a ser objeto de supervisión. Es una forma de ponerle fin al conflicto, de aceptar reconciliación. Es muy importante que no se piense en términos de venganza, se debe actuar en términos de reconciliación.

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