Varios oficiales retirados del Ejército de Colombia aceptaron su responsabilidad al hablar ante la JEP y los familiares de los jóvenes asesinados.
En Ocaña, Norte de Santander, diez
Allí hablaron cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes, así como los allegados de los jóvenes muertos.
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El coronel Rubén Castro reconoció la existencia de una "banda criminal al interior" de sus hombres "creada con el único fin de incrementar" las bajas a "como diera lugar". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de "gente buena".
Los militares dieron nombres y detalles sobre la manera en la que cometieron los falsos positivos, que eran en su mayoría hombres entre 25 y 35 años.
El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 que hace presencia en la línea fronteriza, es el uniformado de mayor rango a comparecer en la histórica audiencia de dos días.
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El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos: Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona fronteriza.
El coronel Castro reconoció haberles transmitido a sus subalternos las "políticas" de "los diferentes escalones del mando", señalando al entonces comandante del Ejército,
Gran parte de los falsos positivos ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien sostiene que se trató de actos aislados.
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