Este lunes, 30 de enero de 2023, la Fiscalía General de Colombia anunció la apertura de una investigación formal por una supuesta red de abogados que querría incluir en el proyecto de paz total a algunos narcotraficantes haciéndolos pasar como gestores de paz y donde al parecer se habla del pago de altas sumas de dinero.
“El mismo día sábado se abrió una noticia criminal en la Fiscalía y en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento, en torno a lo que se ha venido discutiendo, el señor alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente de la República, abogados que aparecen mencionados”, dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
El fiscal Barbosa agregó que la citación es para que estas personas “suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad en correlación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz”.
Se espera que este llamado al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, así como a los abogados involucrados en el escándalo, se produzca a lo largo de esta semana.
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Este anuncio se registró pocas horas después que el presidente Gustavo Petro sostuviera una reunión formal con el fiscal Francisco Barbosa. En dicho encuentro se tocaron temas también como la creación de una ley de sometimiento que debería ser discutida en el Congreso de la República.
Cuestionamiento sobre cese al fuego
Desde Washington, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, había lanzado un duro cuestionamiento al cese al fuego bilateraldecretado por el gobierno del presidente Petro, luego de un encuentro que sostuvo con el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland.
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Barbosa dijo que es como si en su momento se hubiese hecho un cese bilateral con Pablo Escobar o el cartel de Cali.
“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el cartel de Cali. En ese orden de ideas nosotros lo que tenemos que decir es que esos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”, aseguró el fiscal.
Según Barbosa, “el artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones policivas y militares”.
Asimismo, manifestó que entre los 16 integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca sobre los que el gobierno Petro solicitó levantar órdenes de captura, hay cinco solicitudes de extradición vigente, cuatro de ellas por parte de Estados Unidos y una por parte de España.
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