El general retirado Paulino Coronado, quien comandó la Brigada 30 del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, se convirtió este miércoles, 27 de abril de 2022, en el primer oficial de tan alto rango en reconocer públicamente y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por falsos positivos.
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Aceptó su responsabilidad en falsos positivos por omisión, es decir, por no hacer lo suficiente para evitar que los hombres bajo su mando asesinaran civiles.
“En mi posición de garante, acepto que no cumplí con mi misión. El comandante responde por lo que hacen sus subalternos”, declaró el general Paulino Coronado.
El general retirado aseguró, sin embargo, que nunca ordenó falsos positivos y señaló al entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya, como quien presionaba a las unidades para producir supuestas bajas en combate a como diera lugar.
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“No avizoré que esta política que él (Montoya) promovía y llevaba a los subalternos a cometer crímenes”, añadió Coronado.
También, pidió que se limpie el nombre de los hombres asesinados y presentados como delincuentes. “Quiero que se reivindique su honor, eran campesinos humildes”, indicó.
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Coronado no fue el único que habló en esta jornada, pues una de las intervenciones más reveladoras fue la del sargento retirado Sandro Pérez,quien participó directamente en asesinatos y también en los engaños para llevar a jóvenes de Soacha hasta Norte de Santander, donde los mataron.
“Mi falta de amor por la vida me llevó a ser un asesino, un monstruo para la sociedad; para muchos, una máquina de muerte”, expresó el sargento (r) Pérez.
En un momento emotivo, Pérez pidió perdón y le mostró una flor a una de las madres de Soacha. La misma madre le había entregado la flor al militar retirado, quien participó en el asesinato de su hijo.
Algunas de las víctimas que escucharon atentamente el relato del general Paulino Coronado consideraron que ha sido una de las intervenciones que menos detalles ha aportado sobre estos crímenes.
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Tras el fin de la audiencia, esta sala de la JEP tiene tres meses para decidir si acepta el reconocimiento de responsabilidad de estos 10 militares que declararon entre el pasado martes y este miércoles.
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