Cinco excombatientes de las FARC lograron que la Corte Constitucional diera órdenes al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de todos los desmovilizados. Lo hicieron con una tutela en cuyo estudio el alto tribunal encontró tantos incumplimientos en garantías de protección que declaró lo que se denomina el estado de cosas inconstitucionales.
“Por un lado, vio la vulneración masiva y generalizada de los derechos humanos que afecta un número significativo de personas; dos, hay una recurrente omisión por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones que permitan garantizar estos derechos”, explicó Floralba Padrón Pardo, investigadora de derecho constitucional en la Universidad Externado.
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La Corte evidenció una violación masiva de derechos a los excombatientes, entre ellos el derecho a la vida como consecuencia de que, según el fallo, el gobierno no ha cumplido con el componente de seguridad.
Asimismo, ordena que en cuatro meses se reevalúe el riesgo de los reincorporados y, si es necesario, se contraten más escoltas y le da otras ordenes al Gobierno nacional.
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“Inicie los trámites indispensables para disponer de la designación presupuestal suficiente, efectos de asegurar que las personas firmantes del acuerdo final de paz y que ejercen actividades de liderazgo político social, gocen de la protección requerida”, anotó Pardo.
La Corte señala que el Gobierno debe dar cumplimiento a estas disposiciones con recursos humanos, financieros y físicos, y priorizar los 25 municipios que según la ONU son los más afectados por la violencia y que están ubicados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
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Para los excombatientes de las FARC que interpusieron las tutelas, la decisión de la Corte Constitucional es un espaldarazo para la implementación del acuerdo de paz, pero también la prueba de que la política del gobierno en esta materia fracasó.
Por su parte, el consejero para la implementación del acuerdo, Emilio Archila, rechazó las conclusiones de la Corte sobre la violación de los derechos de los excombatientes.
“No compartimos los criterios a que se estime que hay un estado de cosas inconstitucional. Hay en este momento 17 entidades del orden nacional desde hace meses, desde hace años, trabajando en la protección de los excombatientes”, manifestó.
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