Luis Felipe Vélez era, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida y Héctor Abad Gómez, directivo del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia.
Los crímenes fueron cometidos en agosto de 1987, cuando hombres de un grupo conocido como Los Tangueros, al mando del clan Castaño, ejercieron una persecución sistemática en contra de defensores de Derechos Humanos y líderes sindicalistas.
El proceso había sido archivado, sin embargo la Fiscalía consideró que se trató de un ataque sistemático y sucesivo de los paramilitares que no debe prescribir.
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