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JEP imputó a Pablo Catatumbo, exjefe de las FARC, por delitos sexuales

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a Pablo Catatumbo, exjefe del Bloque Occidental de las FARC, por crímenes de lesa humanidad y delitos sexuales en Nariño, al igual que a otros 14 excabecillas.

Pablo Catatumbo, exjefe de las FARC, fue imputado por la JEP por delitos sexuales

En Tumaco, Nariño, la JEP imputó a varios exjefes de las FARC. Acusó a Pablo Catatumbo y a otros 14 excabecillas de delitos de lesa humanidad relacionados con masacres, asesinatos, desaparición forzada, reclutamiento de niños, entre otros, y violencia sexual en el departamento.

Es la primera vez que se imputan delitos sexuales de manera directa a estos exguerrilleros. Según la JEP, se usó la violencia sexual como método de control territorial y entre 1990 y 2016 hubo 168 hechos con delitos como esclavitud sexual e incluso la práctica de abortos forzados.

La imputación se hizo sin la presencia de los exmiembros de las FARC. La conclusión fue clara: en Nariño, las extintas FARC usaron los delitos sexuales para ejercer control territorial. La JEP investigó por cinco años estos hechos y como resultado imputó a 15 exguerrilleros, entre ellos, a Pablo Catatumbo y Edgar Torres, alias Pacho Chino.

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“La Sala de Reconocimiento identificó la existencia e implementación de una política de control territorial y social de las FARC-EP en los municipios investigados, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, la cual tenía como objetivo establecer, consolidar, defender o retomar la presencia, dominio y control de este grupo armado sobre la población y los territorios considerados geoestratégicos, atendiendo orientaciones y directrices nacionales. De esta manera, se pretendió imponer como ‘única autoridad’ por la fuerza de las armas”, señaló Belkis Izquierdo, magistrada de la JEP.

Para la JEP, entre las políticas criminales de las extintas FARC en Nariño estuvieron la de asesinar o desplazar a quienes eran rotulados como enemigos, el reclutamiento de menores, incluidos los de comunidades indígenas, así como la utilización de minas antipersonal como control territorial.

“Los crímenes ejecutados por los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC determinados en el caso 02 generaron daños graves diferenciados y desproporcionadas contra las mujeres, contra las niñas, las personas con orientación sexual e identidad y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas, las poblaciones urbanas y rurales, al pueblo negro afrocolombiano y a los pueblos indígenas”, enfatizó la magistrada.

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Sobre el reclutamiento de menores, esta jurisdicción tiene que en este mismo periodo se reclutó a cerca de 102 niños pertenecientes a comunidades étnicas, de los cuales 36 tenían entre 6 y 14 años.

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