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La medida obedece a que se habrían hecho desenterramientos sin orden judicial, a pesar de conocerse la existencia de cuerpos sin identificar.
En ese sentido, el tribunal ordenó a los alcaldes de Samaná, Norcasia y Victoria, donde están los cementerios, elaborar bases de datos con muestras de ADN de familiares de víctimas.
El Magdalena Medio de Caldas es una de las zonas más afectadas con más de dos mil desaparecidos.
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