Joge Eliécer Gaitán, magnicidio que exalta la impunidad

A la luz de las espermas de la tarde invernal del viernes 9 de abril de 1948, concluyó en la Clínica Central la autopsia del cadáver de Jorge Eliécer Gaitán y se dio apertura a un voluminoso expediente judicial que creció en folios, testimonios y recursos, pero durante 30 años en que permaneció activo y no produjo la captura de una sola persona, y en cambio concluyó en un simplista dictamen: el asesino Juan Roa Sierra obró por su cuenta.
La tarde del magnicidio, por informe del agente de policía de placa No. 1225, se hizo presente en la Clínica Central el juez 1o. permanente central, Pablo Novia Carvajal, quien recaudo las primeras pruebas del expediente: el revolver Smith Wesson calibre 32 con cachas de nácar que utilizó Roa Sierra par el crimen; el testimonio de los dragoneantes Carlos Jiménez Díaz y Efraín Silvia González, que detuvieron al magnicida ; y el informe médico donde quedó reseñado que a la 1:55 de la tarde, después de una bradicardia intensa y serle administrada respiración artificial, dejó de latir el corazón del caudillo.
La administración Ospina decidió que para garantizar pesquisas "exhaustivas" debía designarse un investigador especial y se nombró al penalista Luis Eduardo Gacharná, quien declinó el caso por su condición de gaitanista.
Entonces, se nombró en su remplazo al magistrado de la Corte Suprema Ricardo Jordán Jiménez, quien el 21 de abril de 1948, mediante un auto se dispuso ampliar la totalidad de las diligencias y testimonios, y en especial la extraña intervención del sujeto César Bernal Cordobés, quien fue visto en compañía de Roa Sierra minutos antes del crimen y fue la persona que acudió a la oficina de Gaitán a pedir audiencia a nombre de Juan Roa.
Bernal Cordobés fue declarado loco y recluido en el asilo de Sibaté, y el magistrado Jordán Jiménez optó por explorar otras hipótesis, hasta que el canciller Eduardo Zuleta Ángel aportó una idea estrafalaria: contratar detectives de Scotland Yard de Inglaterra.
Sir Norman Smith, Peter Beveridge y Albert Tamsill arribaron a Colombia en junio de 1948 y pese al malestar del magistrado Jordán por lo que consideró intromisión extranjera en la justicia, tuvieron acceso al expediente y casi a manera de videntes concluyeron que Juan Roa Sierra había obrado solo.
Indicios y especulaciones
Los sabuesos de Scotland Yard volvieron en julio al Reino Unido, y el único comentario de Albert Tamsill a su regreso fue recordar la forma como un ladrón lo despojó de su cartera repleta de libras esterlinas. Entre tanto, el magistrado Jordán entregó el caso al juez 1o. Superior Francisco Guzmán, quien empezó por atender los múltiples requerimientos de la parte civil, representada por el penalista Luis Carlos Pérez.
En concreto, el abogado Pérez denunció ante la Procuraduría que varios detectives aportaban pruebas que terminaban sustentadas por sujetos de demostrada incapacidad mental, y advirtió que se adelantaba una "investigación privada y subterránea" encaminada a tratar de involucrar a los amigos de Jorge Eliécer Gaitán en la presunta planificación y consumación del magnicidio de abril del 48.
El expediente se enmohecía sin rumbo, cuando desde las páginas del diario ABC de Madrid, el ex canciller Laureano Gómez salió a fortalecer la hipótesis del presidente Ospina: "En marzo de 1948 llegaron a Bogotá varios terroristas para sabotear la IX Conferencia Panamericana y atentar contra el general Marshall".
De paso acusó al extinto Jorge Eliécer Gaitán de recibir dinero de la Legislación Soviética y aseguró que el intermediario era el escritor Antonio García. Este intelectual fue llamada a declarar; escasamente se aprobó que era entusiasta seguidor de Gaitán, y las acusaciones de Laureano Gómez se volvieron tema de su campaña a la presidencia.
Luego se vino encima la violencia de los años 50, la dictadura del general Rojas, y la investigación quedó supeditada a los esfuerzos duelos apoderados de la parte civil, porque jueces, fiscales y agentes del Ministerio Público comenzaron a dar tumbos en medio de siete hipótesis: la supuesta autoría del comunismo, la gestión de los líderes cubanos Fidel Castro y Rafael del Pino en Bogotá, el interés de la Policía Política para deshacerse del líder, la tesis de que Plinio Mendoza Neira estaba detrás del magnicidio por líos políticos, las acusaciones contra Álvaro Gómez Hurtado por un exgobernador del Chocó, y las hipótesis de que el crimen fue producto de una conjura política o la acción solitaria de un hombre enfermo.
La tesis del comunismo no prosperó porque Ospina Pérez aseguró que nunca dijo que existían detenidos; Laureano Gómez no volvió a acordarse de nada después de ser presidente, y hasta la CIA desmintió la versión.
Los cargos a Fidel Castro resultaron insulsos y en 1961, ya en calidad de presidente de Cuba, rompió su silencio para contar su experiencia de revoltoso juvenil en el Bogotazo.
Las acusaciones a Plinio Mendoza, Álvaro Gómez y la Policía Política se desvanecieron porque resultaron falsas incriminaciones o rencillas políticas. La conjura nunca pudo probarse y al despertar la década de los años 60 volvió a imponerse la conclusión de Scotland Yard: Roa Sierra obró solo.
Aun así, el 21 de mayo de 1959 el expediente llegó al despacho del juez Ricardo Medina Moyano, quien ordenó practicar 200 pruebas y comisionó al juez Teoblado Avendaño para reanudar el material. Avendaño encontró necesario exhumar el cadáver; la diligencia se cumplió el 6 de junio de 1960 y únicamente aportó una conclusión: el caudillo fue asesinado con tres proyectiles del mismo revólver.
Desde entonces, el caso Gaitán se volvió un misterio; solo el nuevo apoderado de la parte civil, Rafael Galán Medellín, insistió en pesquisas y promediando los años 70 fue cerrados con más pena que Gloria.
La jueza 8a. superior Gloria Hincapié no encontró más camino que declarar extinguida la acción penal por la muerte del homicida. Por apelación el caso llegó al Tribunal de Bogotá, donde una sala integrada por Pantaleón Mejía, Jorge Ortíz y Dídimo Páez, en abril de 1978, confirmó la extinción.
Desde entonces el expediente duerme el sueño de los justos, y en sus primeros folios aún puede leerse la declaración de Elías Quesada -empleado de la droguería donde pretendió refugiarse el asesino-, quien al preguntar a Roa por qué lo había hecho, recibió una respuesta que mortificaba al país después de 50 años: "Ay señor, cosas poderosas que no le puedo decir".
Reproducción El Espectador, domingo 5 de abril de 1998
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