Un juez ordenó investigar a Emilio Tapia y a otros implicados en el carrusel de la contrataciónde Bogotá. El juzgado consideró que ellos engañaron a la justicia para así obtener beneficios.
Solo hasta el pasado 15 de septiembre y mediante un oficio, el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao envió a la Fiscalía General de la Nación la petición que había hecho un juez de Bogotá el 2 de octubre de 2020 para que se investigue a varios de los que estuvieron implicados en el carrusel de la contratación.
Ellos se habrían convertido en testigos para obtener beneficios por parte de la justicia.
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El juez 36 de conocimiento de Paloquemao consideró que tanto Emilio Tapia como Inocencio Meléndez, otro involucrado en el carrusel de la contratación, deberían ser investigados, ya que, al parecer, entregaron testimonios falsos contra José Juan Rodríguez Rico, un exconcejal de Bogotá que, finalmente, fue absuelto del caso.
"Por supuesto para minimizar los efectos de la impugnación de credibilidad se plantea que Inocencio Meléndez y Emilio Tapia, en un principio, no mencionaron a José Juan Rodríguez Rico como uno de los concejales de Bogotá que tuvieron un interés indebido en la contratación del IDU, en particular sobre la fase III de Transmilenio”, reza un aparte del oficio.
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En el documento también se menciona a Manuel Sánchez y a Julio Gómez, quienes para el despacho judicial habrían faltado a la verdad.
El juzgado señaló que las contradicciones en los testimonios de estos cuatro testigos contra el exconcejal Rodríguez Rico generaron dudas y llevaron al togado que llevaba el caso a dictar una sentencia absolutoria y una petición de investigación contra Emilio Tapia.
"Para el juzgado es inaceptable que haya presentado a unos testigos con una supuesta versión de los hechos sin dar cuenta de las múltiples contradicciones o contrariedades en las que habían incurrido previamente con ocasión de las declaraciones ante otras autoridades", dice otro fragmento del documento.
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Para el despacho, los principios de oportunidad que fueron concedidos a Emilio Tapia y otros tres implicados en el carrusel de la contratación les habrían permitido obtener rebajas en sus penas.
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