La conveniente quiebra del general Maza Márquez

El general retirado Miguel Maza Márquez, director del DAS entre 1985 y 1991, llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Colombia a finales del siglo pasado. Hoy está preso, purgando una condena a 30 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia por su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán, pero también responde ante la JEP, donde atiende los llamados por las investigaciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica.

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Entre las deudas con la justicia, Maza Márquez también tiene el pago de 1.500 millones de pesos de los tres mil millones con los que el Consejo de Estado condenó a la nación por el injusto encarcelamiento de Alberto Júbiz Házbun, Héctor Cepeda y Norberto Hernández. Ellos estuvieron presos durante más de tres años, señalados falsamente por la Policía y el DAS que Maza Márquez dirigía de haber asesinado a Galán. Ese dinero se debe pagar a las familias de las víctimas. Y aunque Maza Márquez contaba con los recursos para pagar la indemnización, las cosas cambiaron repentinamente.

La unidad investigativa de Noticias Caracol accedió a las declaraciones de renta de Maza Márquez durante los últimos 20 años. Los registros de la DIAN muestran que el exdirector del DAS pasó de tener un capital de 2019 millones de pesos en 2015, a 159 millones en 2016. En apenas un año, la fortuna de Maza Márquez se redujo a una doceava parte. Esa disminución abrupta de su patrimonio se dio justo después de la condena del Consejo de Estado que ocurrió en el 2014. Es decir, Maza Márquez se quedó sin plata justo cuando tenía que indemnizar a los inocentes por la injusta privación de la libertad.

“A mi tío lo tomaron como chivo expiatorio en una redada porque había que buscarle un culpable a esto. Y lo tuvieron preso 42 meses. A raíz de eso se decidió presentarle una demanda al Estado”, dice Nellib Júbiz, sobrino de Júbiz Házbun, quien murió en 1998, cuando empezaba el tortuoso proceso de reparación por su encarcelamiento.

Su familia hoy completa ocho años a la espera de la indemnización. Pero ni el Estado le ha pagado a la familia, ni Maza al Estado. “Se muere mi tío primero, después se muere mi abuelo, el padre de él. Después se muere mi abuela, la madre de él. Después se muere un tío médico, hermano de él. Después se muere mi hermano mayor. Después de muere mi padre, también esperanzado en esto. Mi pregunta es esta: ¿Cuántos más tenemos que enterrar en la familia para que el Estado por lo menos se pellizque y nos diga sí señores, hay que pagarles?”, se pregunta Nellib Júbiz.

Maza Márquez le dijo a Noticias Caracol que él no tuvo nada que ver con el injusto encarcelamiento de Júbiz Házbun y los demás, y que espera que así lo confirme el Consejo de Estado, que actualmente estudia un recurso extraordinario que el general retirado interpuso contra la condena.

“Eso no se ha definido. Yo tengo un abogado que presentó los respectivos alegatos en el consejo de Estado, el Consejo de Estado no se ha pronunciado, pero vuelvo y le digo, no tuve nada que ver con Júbiz Hazbún, se comprobó que fue el general Peláez. Ahí hubo un error procesal, que es lo que hay que corregir”, afirmó el general retirado.

Según las declaraciones de renta de Maza, su patrimonio creció sostenidamente durante 15 años. En 2001 era de 534 millones de pesos y llegó a más de 2.000 millones en 2015. La caída repentina obedece en buena medida a la repartición de bienes tras el divorcio con su esposa Isolda Álvarez. Lo llamativo es que la demanda de divorcio fue radicada el 11 de junio de 2014, como muestran los registros del juzgado 20 de familia de Bogotá, apenas cinco meses después de que Maza fue condenado a pagar la indemnización.

La sentencia que ordenó la partición de los bienes fue emitida en octubre de 2015, y dejó la mayor parte del patrimonio de ese matrimonio en manos de Isolda Álvarez. Lo que le quitó a Maza Márquez la capacidad de responder económicamente ante las víctima. De hecho, hoy el general apenas tiene a su nombre dos lotes tumbas en un cementerio. Él, por su parte, dice que no está escondiendo su patrimonio, y que el dinero se le agotó pagando a los abogados que lo han defendido.

Dos años después de la condena del Consejo de Estado, en noviembre de 2016, el general Maza perdió otra batalla judicial. La Corte Suprema lo condenó a 30 años por el crimen de Luis Carlos Galán. Según el alto tribunal, el general retirado habría debilitado intencionadamente el esquema de seguridad del precandidato liberal, que fue baleado por sicarios en agosto 1989.

Maza Márquez y su familia dijeron públicamente que esa sentencia, para un hombre sobre los 80 años, equivalía a cadena perpetua. Entonces Maza Márquez se jugó su última carta: se sometió ante la JEP esperando que, a cambio de colaboración, le otorgaran la libertad. En su postulación a la JEP, en 2018, Maza hizo énfasis en su insolvencia económica para responderle a las víctimas del caso Galán.

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En el documento de la justicia especial, Maza dijo: “Infortunadamente, tras un proceso penal que se ha extendió por más de diez años, en los cuales he sufrido tragedias personales que superan por mucho el dolor y la angustia que me ha generado esta actuación, como lo fue el homicidio de mi hijo mayor, no me queda fuente alguna de recursos distinta de mi asignación de retiro como oficial de la Policía Nacional. Por lo demás, estoy seguro que para los familiares de quienes fallecieron el 18 de agosto de 1989, conocer la verdad de los hechos será una medida de satisfacción mucho mayor que la obtención de una indemnización económica”.

Pero los Júbiz siguen firmes en recibir la indemnización que ordenó la justicia. “El mensaje que yo les mando es hombre, reconozcan lo que es, ya están cogidos, qué van a seguir defendiéndose, están defendiendo lo indefendible. Vamos a pagar, ya, paguen, no hay ningún problema, y se acabó. Yo los invito a ellos a que lo hagan”, dice Nellib Júbiz.

Hoy Maza Márquez no solo purga la condena por el magnicidio de Galán, sino que la JEP lo ha llamado a declarar en las investigaciones por el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, crímenes en los que estarían involucrados varios agentes del DAS, y en los que también hay miles de víctimas que no solo esperan la verdad, sino una justa reparación económica por sus padecimientos.