La finca de Pablo Escobar que refleja la pelea eterna por extinguir bienes de la mafia

La Manuela, una de las fincas de recreo favoritas de Pablo Escobar, está ubicada en la represa de Guatapé y es reflejo de esa eterna pelea del Estado por quitarle a la mafia los bienes producto de sus delitos.

“La Sociedad de Activos Especiales encontró que en este predio tan estratégico, durante más de 30 años, un mayordomo explotó el mismo sin generarle un solo recurso al Estado, con un tema de turismo asociado al narcotráfico, contaban la historia de Pablo Escobar”, lo dice Andrés Ávila, director de la Sociedad Activos Especiales.

Desde hace cinco años, la SAE reemplazó a la tristemente célebre Dirección Nacional de Estupefacientes, encargada de administrar y luego vender los bienes que la justicia les quita a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o corruptos.

En sus operaciones para hacerse con esas propiedades enfrentan todo tipo de riesgos.

“Hubo toda clase de asedio criminal e intimidaciones hacia la gerencia regional de Antioquia para que no se recuperara este activo”, apunta al referirse a La Manuela, propiedad que lleva el nombre de la hija del extinto Pablo Escobar.

Ávila explica que actualmente son los responsables del holding empresarial más grande del país.

“De los 28.000 inmuebles que nosotros administramos, estamos haciendo operaciones con más de 3.000 activos que queremos arrendar”, señala.

Un portafolio que va desde hoteles -pasando por fincas, droguerías, frigoríficos, agroindustrias- hasta empresas de transporte aéreo, edificios, caballos de paso fino, cerdos y empresas de comercialización de oro. El patrimonio supera los 15 billones de pesos, mucho más que miles de empresas en Colombia.

Ávila se ha movido por todo el país y ha encontrado monumentos a la desidia del Estado, a la lentitud de la justicia, a la habilidad de abogados expertos en camuflar bienes mal habidos.

Miles de casas, fincas, lotes y todo tipo de bienes regados en el país, abandonados, metidos en marañas judiciales por sus antiguos dueños, así como sus hábiles abogados.

“Parte del problema en Colombia es que los procesos de extinción de dominio se demoran mucho tiempo, hemos venido diciendo que se demoran hasta 30 años. Hay bienes de reconocidos narcotraficantes que aún no están extintos”, reconoce el director de la SAE.

Lo más difícil es que también se combate la corrupción en la misma sociedad, donde se han encontrado distintas irregularidades: “Borraban los activos del inventario, lo que hace que en muchos casos nosotros permanentemente estemos encontrando hallazgos de bienes que no sabíamos que tenían medidas cautelares, también arrendaban los activos por valores inferiores a los del mercado o los arrendaban y los recursos no llegaban a las arcas del Estado”.

Por eso, Ávila hace un llamado a los políticos: “tienen que entender que no se puede repetir la historia de la DNE porque la plata que nosotros producimos tiene una destinación importante: la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado. Adicionalmente nosotros generamos recursos para las víctimas, para el ICBF. Tenemos que administrar esta entidad con mucha responsabilidad”.

Así es este viacrucis legal que va tras los bienes de personajes como Enilce López, 'la Gata', investigados por el cartel de la toga, exgobernadores corruptos, paramilitares, guerrilleros y muchos más.

De los más de 22 mil inmuebles que tiene a cargo, solo se ha logrado la extinción de 3.200, un 14%.

Ahora la SAE se alista para una nueva batalla con un grupo élite de investigadores que tiene en la mira a por lo menos 10 mil bienes de origen oscuro que están ocupados ilegalmente, como un apartamento en el lujoso sector de El Poblado, en Medellín, que alguna vez fue del clan Ochoa y ahora pasa de mano en mano, mientras el Gobierno paga su mantenimiento.