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La historia de una mujer indígena que tuvo que tutelar a la Registraduría para cambiar su nombre

La entidad señaló que la letra ɨ no estaba en el alfabeto, por lo que no la podía incluir en el documento. Sin embargo, el Consejo de Estado ordenó entregárselo en tres meses.

Paknam Kɨma Pai: la historia de una mujer indígena que tuvo que tutelar a la Registraduría

Un carácter o signo alfabético de un nombre indígena se convirtió en un problema legal que llegó al Consejo de Estado. La historia se dio cuando una mujer indígena quiso cambiar su nombre occidental por uno de su comunidad y se encontró con el argumento de la Registraduría de que no se podía hacer porque un carácter no pertenecía al alfabeto.

La protagonista de esta historia inicialmente se llamaba Olga Viviana Merchán, una mujer indígena abogada quien señala que muchas cosas han sido impuestas a su cultura y asegura que su nombre fue una de ellas.

“Nuestros nombres también se ponían de acuerdo con lo que el cura que iba a bautizar decía que había que poner”, cuenta.

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A pesar de llevarlo durante varios años, un día esta mujer indígena de la etnia awá empezó a cuestionarse por su nombre: “Cuando a mí me decían Olga Viviana era como sí, ahí está, pero cuando me decía Padmakumar era esa conexión que tienes con todo el territorio, con todo lo que eres, con todo lo que sientes”.

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Por ello, decidió hacer el proceso de cambiar su nombre por el que le pusieron sus ancestros. Un proceso que incluyó acudir a sus creencias más profundas.

“Se hizo también la consulta con los árboles, porque nosotros somos gente de árbol, hijos de árbol y se acordó de esa manera, entonces yo comencé mi proceso para sacar mis documentos públicos”, afirma.

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Y así nació la intención de llamarse Paknam Kɨma Pai, mariposa que ilumina el camino e hija del sol. Pero el cambio generó un problema, el nombre indígena incluye un carácter que no está en el castellano, lo que significó un cambio legal para conseguir que la Registraduría lo incluyera en su cédula.

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Interpuso una tutela ante el Consejo de Estado, que falló en su favor diciendo que la Registraduría le violó los derechos por no reconocer los signos alfabéticos de las comunidades indígenas y ordenó la entrega del documento en tres meses.

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