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“La ministra le mintió al país”: el rompecabezas del escandaloso contrato del MinTic

Abogado de una de las empresas de la licitación trabajaba en el despacho de Karen Abudinen y detrás de otra está Emilio Tapia, denuncia congresista.

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic), Karen Abudinen, fue citada al Congreso de la República para responder por el contrato para llevar conectividad a escuelas de zonas apartadas del país y por el que se pagaron más de 70.000 millones de anticipo que están embolatados.

Detrás de este caso hay un rompecabezas a través del cual se buscaría la apropiación de recursos públicos. En Noticias Caracol, Katerine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y una de las promotoras de la moción de censura a la mintic, explicó el contrato y las irregularidades a su alrededor.

“Se presentan diez oferentes, de los cuales vale la pena resaltar, por ejemplo, la ETB, el consorcio chino, con una experiencia absolutamente grande frente al tema de tecnología y puntos digitales, COMCEL, claramente”, dijo.

Indicó que el monto total del proyecto es de 2,138 billones y que “la licitación se divide en dos. Eran dos adjudicaciones que se tenían que hacer, cada una de 7.500 puntos. Se la gana COMCEL por un lado y se la gana la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados”.

“Esta unión temporal la tienen cuatro grandes empresas, pero de ellas solo una tiene experiencia, puedo decirlo también entre comillas, frente al tema de redes de comunicación”, afirmó.

La representante Miranda aseguró que una de las primeas alertas que surgió en este proyecto tiene que ver con que una de las personas apoderadas de una de las empresas de la licitación “también pertenecía al despacho de la ministra” y “era abogado del despacho de la ministra”.

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“Gravísimo que, cuando se denuncia este grave hecho, la ministra lo niega y el abogado lo niega, pese a que estaba en papeles claramente de que hacía parte del despacho de la ministra. Posteriormente, dicen que llegan a un acuerdo y terminan el contrato, pero él se mantiene en la licitación. Pierde por obvias razones, pues ya se había evidenciado el conflicto de intereses”, sostuvo.

Asimismo, la congresista anotó que “detrás de ICM, una de las empresas que hace parte de Centros Poblados, está la sombra Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá ”.

“ICM, Mintic y las diferentes empresas que conforman esa unión temporal tienen otros contratos no solo con el Gobierno nacional, sino con entes territoriales, bastante cuestionados y que hoy en día tienen alertas por parte de la Contraloría y unos hallazgos importantes de que también se están perdiendo dineros”, apuntó.

Miranda explicó que ICM le “pertenecía al cuestionado exgobernador de Cundinamarca Almaro Cruz” y “casualmente se vende dos meses antes de adjudicar este gran contrato”.

Se le vende a la sombra, a Emilio Tapia, que empieza a colocar unos nombres rarísimos. Pero acá hay algo muy grave y que justo se adjudica a unión temporal esto y solo un día después de haberse entregado la licitación se cambia el nombre, porque quien ‘firma’ este documento con el Mintic no es realmente el nuevo dueño, sino el anterior”, dijo.

Agregó que “dejaron al dueño anterior como firmante de este nuevo contrato y no realmente a quien había comprado, que es, digamos, uno de los amigos íntimos de Emilio Tapia. Esta él ahora denunciado en la Fiscalía, coloca el denuncio porque están utilizando su nombre para esto”.

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Por tratarse de un contrato billonario “se presume que tiene que haber un control previo frente a cómo se van a distribuir los dineros”.

En ese sentido, el Ministerio de las TIC adjudica un contrato de interventoría por $19.500 millones para que se cuiden los recursos públicos y se verifique que los documentos sean los adecuados antes del desembolso. A este contratista “se le pasaron cuatro pólizas falsas”.

“Pero el agravante de esto es que el ministerio también contrata a otra empresa, a la cual le paga $546 millones exclusivamente para que revise todo el tema de pólizas. Aun así, en el contrato que se hace con esta empresa, se le dice que tiene que contratar por lo menos cuatro profesionales expertos en conocimiento de pólizas, de más de diez años de experiencia. A ellos también se les pasa cuatro pólizas falsas”, añadió.

Katerine Miranda aseguró que “miente la ministra de las TIC cuando dice que ella es la que destapa que se estaban incumpliendo las pólizas y que las pólizas eran falsas”.

“La propia representante legal de Itaú es la que denuncia frente al ministerio que efectivamente ninguna de estas pólizas fueron firmadas con Itaú y que estaban siendo totalmente falsas. El ministerio dice que hay que revisar y la unión temporal dice que los engañaron en su buena fe”, dijo.

No obstante, cuestionó que “no es posible que haya una interventoría y que haya una empresa exclusivamente contratada para revisar estos documentos y nadie se haya dado cuenta, cuando las alertas estaban antes de la licitación y Centros Poblados era la más cuestionada”.

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Mientras COMCEL inició labores y empezó a avanzar en el proyecto, Centros Poblados no lo hizo y se excusó, por ejemplo, con la situación de la pandemia del COVID-19.

¿Dónde están los $70.000 millones?

Según la parlamentaria, “Nuovo Security tiene $58.000 millones” y esa plata “está en un paraíso fiscal”.

“Esta plata termina en un paraíso fiscal en el este de Florida, que se llama Delaware, muy conocido, precisamente para guardar este tipo de dineros para que no paguen impuestos”, puntualizó Miranda.

Agregó que el resto del dinero está en una empresa con sede en Barranquilla y que “ya se gastó”.

“Los mismos contratistas de Centros Poblados dicen que esa plata se gastó en unos equipos y que no pueden devolverla”, señaló.

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Katerine Miranda expresó que el Mintic tiene que aplicar la cláusula de caducidad .

“Pero también hay una cláusula penal pecuniaria que se tiene que aplicar, sí o sí, y así lograr recuperar más o menos unos $42 mil millones”, dijo la representante, al considerar que no será posible recuperar todo el dinero.

Frente a declaraciones del presidente Iván Duque en las que aseguró que la ministra fue engañada, Miranda insistió en que ella sí le mintió al país.

La ministra le mintió al país, dijo que esa plata no se iba a perder o que si no se iba para el cementerio, o algo por el estilo. Esto no se acabó de descubrir… hubo unas alertas tempranas”, manifestó.

Concluyó que debe haber una responsabilidad política por parte de Karen Adudinen en este escándalo.

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