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Militares usaron niños para atraer a víctimas de falsos positivos: JEP

El tribunal imputó a 22 uniformados, un exagente del DAS y dos civiles por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en Casanare.

Militares usaron niños para atraer a víctimas de falsos positivos: JEP

Para la JEP, serían 303 las víctimas de los denominados falsos positivos, entre los años 2005 y 2008, por miembros de la brigada 16 del Ejército en el departamento del Casanare. Para la época, el mayor general Henry Torres Escalante estaba al mando de dicha brigada y habría sido uno de los responsables de la política de mostrar resultados a cambio de beneficios, pero también de responder a presuntas presiones superiores.

“Que esas presiones venían desde el comando del Ejército, desde la comandancia del general Mario Montoya, en la época de los hechos. Eran presiones que venían desde la cuarta división, incluyendo al entonces general Guillermo Quiñones Quiroz”, explicó Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

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La JEP denominó el actuar de estos uniformados como el de una “organización criminal” que recibía beneficios de todo tipo a cambio de resultados operacionales.

“Los efectivos de la brigada 16 recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al batallón Colombia número 3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso”, señaló el magistrado.

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Incluso señalan que hubo utilización de niños para atraer a las futuras víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que iban a ser presentadas como bajas en combate: “Además de los asesinatos y desapariciones, la JEP determinó que tres niños, niñas y adolescentes fueron utilizados para participar en las hostilidades y que la persona con orientación sexual fue víctima de un crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”.

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Para lograr su cometido, según la investigación, también habrían usado todos los recursos a su alcance dentro del Ejército.

“Los recursos entregados a las unidades por convenios con las petroleras fueron destinados de manera irregular para la comisión de los crímenes. No solo los recursos de funcionamiento de las unidades, sino también los destinados a planes de moral y bienestar, incentivos institucionales al buen desempeño y los mecanismos de evaluación, seguimiento y control, terminaron fomentando la producción de falsos resultados”, puntualizó la JEP.

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Es por eso que la JEP hace esta tercera imputación al mayor general en retiro Henry Torres Escalante, también al mayor en retiro Gustavo Soto Bracamontes, al teniente coronel en retiro Germán Alberto León y a otros 19 miembros del Ejército, a los que también se suman el exdetective del DAS Orlando Rivas Tovar y dos civiles que eran los encargados de reclutar a las víctimas.

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