Ante la negativa de la Fiscalía de
“El Gobierno nacional respeta las decisiones de la rama judicial (…) El argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que fundamentaron la ley 418, que acabamos de modificar. Esos decretos se expidieron en 2012 y 2015 y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”, manifestó Alfonso Prada.
Además, indicó que una nueva ley es la que le permite al Gobierno nacional avanzar en la denominada
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“La ley 2272 de 2022 facultó al presidente de la república para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones exploratorias con estructuras de alto impacto que se mueven en la economía ilegal”, manifestó el ministro del Interior.
En ese orden de ideas, subrayó que es posible adelantar “diálogos exploratorios” con organizaciones armadas de alto impacto.
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“Con las segundas, como la Sierra Nevada o las AGC, tenemos esos diálogos exploratorios. Hemos intentado armar condiciones dialógicas que nos permitan llevar a estas estructuras al desarme y al sometimiento al Estado de derecho”, concluyó.