La Fundación Jesús sede Villeta fue sellada temporalmente tras descubrir una serie de irregularidades luego de la denuncia que hizo una de las personas que estuvo internada en el sitio.
“Estábamos en desaseo total, baños sucios, sin agua, una piscina verde del mugre donde nos obligaban a meternos como castigo. También nos hacían tomar agua del río y comer alimentos en mal estado, llenos de moscos e insectos”, dijo.
Asimismo, aseguró que sus padres pagaban una mensualidad para, además de la estadía, contar con el acompañamiento de profesionales de la salud en psicología y otras especialidades, algo que afirma nunca recibió.
“Las habitaciones estaban en desaseo total, colchones podridos, no había baño y como estábamos encerrados nos tocaba hacer nuestras necesidades en un balde o simplemente aguantarnos de seis de la tarde a nueve de la mañana para al día siguiente poder ir al baño”, sostuvo.
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La denuncia fue recibida el 20 de noviembre por la Defensoría del Pueblo.
La fundación, ubicada a tres kilómetros del casco urbano del municipio de Villeta, en la vereda Cune, en Cundinamarca, y donde se encontraban 36 personas entre los 13 y 60 años, fue hasta donde llegaron las autoridades para inspeccionar y verificar lo dicho por la persona.
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“Se pudo constatar que no tenía una licencia de funcionamiento, no acreditaban los documentos necesarios para funcionar y tampoco tenían toda la implementación, la dotación y las instalaciones no cumplían para el objeto de la fundación”, reveló Freddy Hernández, alcalde del municipio.
Agregó que “se realizó el restablecimiento de los derechos de siete menores de edad y se crea una línea de investigación para revisar si hubo aquí un posible delito mayor en lo que tiene que ver con maltrato e inclusive tortura”.
En el material fotográfico entregado por la Defensoría en su informe se evidencia el deterioro de las instalaciones.
La fundación, que brindaba apoyo a personas con problemas de drogadicción, publicó un comunicado en el que aseguró que “ante las acusaciones provenientes de la Defensoría del Pueblo, no existen situaciones ni pruebas que indiquen que en la institución se presenten situaciones de maltrato, amenaza o vulneración de los derechos humanos”.
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Agregó que su cierre no tuvo que ver con “maltrato ni por violación a los derechos humanos”, sino “por tres documentos requeridos en el Código de Policía”.
No obstante, Elizabeth Valero Rico, defensora regional de Cundinamarca, indicó que al entrevistar a otros internos, sus testimonios coincidieron con la primera denuncia que recibieron.
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