Las autoridades de Colombia cambiaron por segunda vez en dos años el nombre por el que identifican a la principal banda criminal del país, inicialmente llamada Los Urabeños, luego Clan Úsuga y ahora Clan El Golfo, informó este martes el gobierno.
La última modificación, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, busca eliminar el estigma que se había creado sobre las numerosas familias Úsuga, que comparten apellido con los líderes de la principal banda criminal de Colombia y que habían denunciado tener problemas en su día a día por este hecho.
"El cambio de nombre obedece a que la familia Úsuga solicitó que por favor no los siguieran estigmatizando, porque hay muchos Úsugas que son honestos, muchos Úsugas que nada tienen que ver con esta organización" narcotraficante, dijo Santos en la presentación del informe semanal de seguridad del gobierno.
"Se le cambió el nombre (al Clan Úsuga), ahora se llama Clan El Golfo", explicó el mandatario.
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En abril, una ciudadana que se identificó como Gilma Úsuga Cardona pidió en una carta abierta a Santos que cambiara el nombre a la organización criminal, porque tanto ella como sus diez hermanos y 20 sobrinos estaban teniendo "problemas para ingresar a otro país, obtener una beca, acceder a un trabajo y para vivir la vida común".
El ahora Clan El Golfo, que actúa principalmente sobre el Golfo de Urabá -una zona del noroeste del país, sobre el mar Caribe y fronteriza con Panamá- había sido nombrado como Clan Úsuga hace poco más de dos años por petición de Santos.
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En aquel entonces, el presidente instó a medios de comunicación y autoridades a dejar de llamar a la organización Los Urabeños, para evitar estigmatizar a los habitantes de esa región, y pidió llamarla Clan Úsuga por el apellido de sus líderes, Dairo Antonio y Juan de Dios, alias Otoniel y Gavilán, respectivamente.
Pero así el estigma pasó de unos a otros y el gobierno se vio obligado a modificar nuevamente el nombre de la banda.
El Clan Úsuga, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), surgió tras la desmovilización masiva de paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, en un proceso que, a cambio, les ofrecía beneficios jurídicos, pero que en algunos casos derivó en la creación de bandas criminales.
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