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Petro calificó su destitución como un golpe de Estado

La llamada "crisis de las basuras" que sumió en el caos a Bogotá durante tres días a finales de 2012 le costó el cargo al alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro, cuya destitución fue firmada por el presidente de este país pese a la petición de la CIDH de no hacerlo.

El presidente Juan Manuel Santos compareció en una alocución al país para anunciar lo que muchos intuían: ejecutar la destitución e inhabilitación por quince años de Petro dictada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, el pasado 9 de diciembre.

"Debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes" dijo el presidente al aclarar que el Gobierno colombiano "no acoge la solicitud de medidas cautelares" dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la noche del martes.

Además, Santos designó al actual ministro de Trabajo, el liberal Rafael Pardo, como alcalde encargado de la capital a la espera de que se convoquen elecciones atípicas.

Pardo, que asumirá mañana, prometió que seguirá con el plan de gobierno de Petro, cuya destitución, según Ordóñez, fue causada por "fallas gravísimas" que cometió al cambiar el servicio de recolección de basuras de la ciudad de manos privadas al modelo público.

Junto a Santos se pronunció la canciller, María Ángela Holguín, que de forma más enfática tildó de "injerencia" la actuación de la CIDH y dijo que no se podía permitir mientras opere la justicia local.

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Poco después de la alocución presidencial el turno fue para el propio Petro, quien durante cien días luchó en los tribunales colombianos e internacionales para impedir su salida de la Alcaldía.

Desde el balcón de la Alcaldía, el exguerrillero del M-19 le recriminó a Santos que incumpliera "su compromiso público y personal" de respetar las medidas cautelares de la CIDH y llamó a los colombianos a una huelga general que desemboque en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

"Yo no nací en una generación que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana", dijo a sus seguidores Petro quien llegó a pagar dos años de cárcel en los ochenta por su militancia insurgente.

El destituido aceptó su salida del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, pero anunció que liderará un "levantamiento" de la ciudadanía colombiana para "obligar a la oligarquía a convocar la constituyente que haga la paz".

"El voto en Colombia no sirve", agregó el líder izquierdista, que exhortó a sus seguidores a no desanimarse: "Nos esperan días difíciles que vale la pena vivir".

En Washington, sede de la CIDH, aún no se han producido reacciones a la medida tomada por Santos, pero el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, destacó esta mañana que la decisión de suspender la destitución de Petro era de obligado cumplimiento.

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Una posición similar mantuvo el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que está en el país.

Una de las incógnitas que queda es cómo acogerán esta decisión las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que en su día dijeron que el procurador había dado "una lección a los alzados en armas sobre lo que significa la democracia para la oligarquía y sobre las nulas garantías para ejercer la política".

Las FARC inician este jueves un nuevo ciclo de conversaciones con el Gobierno en el proceso de paz que acoge La Habana desde noviembre de 2012 y que ambas partes han afirmado se basa en la confianza.

La destitución de Petro, no por esperada, discutida, dividió durante meses a la ciudadanía colombiana que la vio como un nuevo episodio del conflicto político que sufre este país desde hace seis décadas y que ha derivado en una sangrienta guerra.

En esta ocasión fue Ordóñez, representante de los sectores más anclados a la derecha, quién salió triunfante, y del que Petro dijo hoy actuó "ciego en su fanatismo que no puede comprender la diferencia".

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