La Corte Constitucional estudia las amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues muchos de ellos han mostrado las deficiencias en su protección y por eso han acudido masivamente a la tutela, ya que se les han violado varios derechos fundamentales como la integridad personal, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de circulación y residencia, participación política, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la tierra y el territorio, diversidad étnica y cultural, intimidad, honra, buen nombre, a la manifestación pública y pacífica, libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos.
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Afirman que, si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no es suficiente porque las amenazas y los atentados no disminuyen. Los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural ni territorial. Además, no hay políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
Señalan que la Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas necesarias para dar prioridad de manera rápida, eficaz y adecuada a la investigación sobre las amenazas contra defensores de derechos humanos.
Ante esta situación, la Corte Constitucional llamó a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, los ministros del Interior y de Hacienda, los entes de control como la Procuraduría General, la Fiscalía, así como a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a Human Rights Watch.
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El cuestionario de la Corte
La Corte Constitucional tiene un amplio cuestionario en el que pide responder cuál es la descripción de la situación de riesgo de líderes y defensores de derechos humanos: ¿Qué se debe entender por líder y lideresa social y/o defensores de derechos humanos?, ¿existe una base de datos de líderes sociales del país?, ¿en qué consiste la ruta de protección colectiva para tales grupos, colectivos y/o comunidades?, ¿en qué consisten dichas medidas de protección?
Así mismo, pide explicación sobre el tema de las amenazas. ¿Cuántos líderes indígenas recibieron amenazas o atentados contra su vida e integridad personal?, ¿cuántos solicitaron protección de la UNP?, ¿cuántas acciones de tutela se han presentado contra el Ministerio del Interior o la UNP pretendiendo la asignación de medidas de protección para población líder y defensora de derechos humanos?
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Con la información obtenida a través de la audiencia pública prevista para este 28 de abril, la Corte espera tomar determinaciones y establecer si a los líderes sociales se les está o no desconociendo sus derechos.
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