La no extradición de los criminales que se sometan a la justicia es uno de los puntos álgidos en la construcción del articulado del nuevo proyecto de sometimiento a la justicia. El gobierno de Gustavo Petro trabaja en consultas con la Casa Blanca para que Estados Unidos respalde la propuesta de sometimiento y se brinden garantías procesales y penales a los que se acojan a ella.
“Se trata de coordinar para que no ocurran esas cosas que no pueden ser de un objeto de una tratamiento articulado y coherente”, dijo Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.
El exfiscal Eduardo Montealegre, quien aporta en la redacción del proyecto, dice que el escenario debe ser distinto a los que ya existen en el país en materia de justicia transicional.
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“Hay que cerrar todo el proceso de justicia y paz. Colombia no puede, indeterminadamente, seguir manteniendo al infinito el proceso de justicia y paz que se hizo durante la administración Uribe”, dice Montealegre.
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La nueva instancia sería la única encargada de investigar y juzgar, con penas máximas de 8 años, a quienes se sometan a lo que el presidente Petro denomina como "paz total".
“La propuesta es sacar de la Fiscalía la lucha contra el crimen organizado. Crear una institución nombrada por la Corte Suprema de Justicia y las altas cortes, que se encargue, en forma prevalente o ejerciendo un poder preferente, es decir, para priorizar ciertos casos”, explica el exfiscal.
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Desde la iglesia, que ratificó su compromiso en la búsqueda de la paz, piden a las organizaciones parar su accionar que sigue cobrando vidas.
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El articulado que sería presentado el próximo 7 de agosto.
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