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Prefirió la cárcel a hablar: ¿a quién protege uno de los cerebros de las chuzadas desde la Fiscalía?

Chuzadas desde la Fiscalía: ¿a quién protege Luis Carlos Gómez Góngora?

A Luis Carlos Gómez Góngora le ofrecieron inmunidad judicial si delataba, pero decidió allanarse a nuevos cargos. “Temo por mi vida”, es lo único que ha dicho.
Luis Carlos Gómez Góngora hasta diciembre del año pasado era el coordinador de la sala de interceptación de llamadas telefónicas conocida como Diamante, que funciona en un edificio del búnker de la Fiscalía.
Fue en diciembre del 2018 cuando compañeros suyos lo capturaron en Bogotá, señalado de haber chuzado teléfonos de manera ilegal, cometiendo toda clase de irregularidades.
La lupa se la pusieron tras estallar el escándalo de la red de chuzadas de operaba desde Ipiales, Nariño, y que tiene en líos judiciales a un coronel del Ejército, un general retirado de la Policía y una analista de sistemas, señalados de chuzar teléfonos de empresarios, abogados, políticos, sindicalistas, entre otros.
En esa investigación, Góngora jugaba un papel clave: era el hombre que ingresaba los números que no hacían parte de investigaciones penales, al sistema de la Fiscalía.
Sus maniobras delictivas fueron reveladas por la propia Fiscalía, que lo acusó de chuzar durante 30 días el teléfono de Julián Pinzón, director de seguridad aérea y asuntos técnicos de Acdac, el sindicato de Avianca.
El teléfono de Pinzón fue camuflado en una investigación por desaparición forzada, es decir, en la que no tenía nada que ver.
Así operaban Góngora y la red de interceptaciones ilegales enquistada en la Fiscalía, que tiene 31 salas iguales a la Diamante.
Góngora es para la Fiscalía el depositario de la mayor parte de los secretos de la red de la que hoy poco se sabe, pero por la que la Fiscalía le ofreció inmunidad judicial total a cambio de contar cómo funcionaban y al servicio de quiénes estaban. Su miedo pudo más que el generoso ofrecimiento.
En otras palabras, le ofrecieron dejarlo libre de toda responsabilidad penal, quitarle los cargos y dejarlo en libertad, si revelaba quiénes lo contrataron y para qué querían chuzar determinados teléfonos.
La Fiscalía reveló que también le ofrecieron salir del país junto a su familia, versión que niega el abogado de Góngora.
Además, se conoció que Gómez Góngora hizo una contraoferta: buscaba un preacuerdo, es decir, aceptar cargos para obtener una rebaja de pena, pero la Fiscalía se negó.
Como lo aseguraron fuentes cercanas a la investigación, es tanto el temor de Gómez Góngora que prefirió que lo condenaran antes que contar todo lo que sabe sobre las chuzadas y sus clientes.
El exinvestigador está detenido en la cárcel La Picota, en el pabellón de servidores públicos, en donde cumple una condena de 8 años y cuatro meses.
Ahora espera que la Fiscalía le impute nuevos cargos que prometió aceptar bajo la misma premisa: no contar nada. Prefiere estar preso, antes que delatar.
Bajo el modus operandi usado por Gómez Góngora, 2.700 teléfonos fueron intervenidos ilegalmente, haciéndolos aparecer como parte de investigaciones en al menos mil procesos.
Otra pieza clave en las interceptaciones
Para la Fiscalía, otro hombre importante en el entramado de las chuzadas es el exrepresentante de la multinacional BRG en Colombia, Laude Fernández.
El hombre está señalado de chuzar a importantes ejecutivos de compañías en el país.
La sede la multinacional BRG fue allanada y se encontraron pistas de algunos políticos y abogados que serían sus clientes.
La diligencia la hizo el CTI a las oficinas de la prestigiosa compañía de consultoría, lugar donde trabajó hasta hace unos días Fernández, exdirector de inteligencia del DAS.
Junto a Luis Carlos Gómez Góngora, ex investigador de la Fiscalía, a Fernández lo vinculan con el entramado de interceptaciones ilegales.
En el allanamiento, que duró cerca de 24 horas, los investigadores encontraron información clave. Por ejemplo, documentos que demostrarían la forma como a Laude Fernández, que figuraba como el representante para Colombia de esa multinacional, lo contrataron para hacer chuzadas ilegales.
Hay correos, cartas y hasta un celular en el que aparecen mensajes de texto y chats en los que quedaría en evidencia que algunos de sus clientes, como políticos y abogados requerían de sus servicios para interceptar comunicaciones de los que consideraban sus enemigos.
Es tan voluminosa la información, que uno de los investigadores reveló que encontraron en los computadores de la empresa, 73 teras de datos, siete veces más de lo que en su momento encontraron en los equipos del escándalo conocido como Andrómeda, el del hacker Sepúlveda.
En la audiencia en la que la Fiscalía solicitó cárcel para Fernández, el fiscal del caso reveló que el alcance de la organización va más allá de lo imaginado, ya que, al parecer, también se habría favorecido a un importante aforado investigado por la corte suprema de justicia.
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