Procuraduría destituye e inhabilita a Edwin Besaile y Alejandro Lyons por 10 años

El Ministerio Público encontró que son responsables de las “irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad” en Córdoba.
“A Besaile Fayad (el que era el actual gobernador) y Lyons Muskus (exgobernador) la Procuraduría les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS”, señaló la Procuraduría en el fallo.
Además, el órgano de control también sancionó por 11 años a los exsecretarios de Salud del departamento, Edwin Preciado Lordy y José Jaime Pareja Alemán.
“A Preciado Lourdy y Pareja Alemán por ordenar el pago de los servicios de salud a través de las resoluciones (seis en total) a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que mediara relación contractual entre la IPS y la Gobernación de Córdoba”.
La Procuraduría recordó que, según lo señaló el Consejo de Estado, “no se puede ordenar el pago de servicios que se hubieren ejecutado sin la previa celebración de un contrato, salvo que exista una amenaza o lesión inminente que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas, eventualidad que admite ejecutar actividades sin contrato y no se presentó en este caso”.
En conclusión, el órgano de control determinó que “el ente territorial no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, pues conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas.
En fallo de primera instancia, el órgano de control calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría General ordenó remitir copia de esta decisión a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la República, para que haga parte de las actuaciones que adelantan por hechos relacionados. 
Así mismo, a la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, para que evalúe si se hace necesario adelantar una acción preventiva en los departamentos del país con la finalidad de preservar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público, y a la Gobernación de Córdoba para que adopte las medidas necesarias en pro de garantizar el derecho a la vida digna y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que requieren la prestación de estos servicios de salud en el departamento”.