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Procuraduría pide tumbar normas que permitirían el fracking en Colombia

Para muchos, se trata de normativas que perjudican el medio ambiente y la salud. Pero otros dicen que, si se caen, habrá un descalabro económico.

Por posibles daños irreversibles a la salud del ser humano, la Procuraduría solicitó al Consejo de Estado que elimine del ordenamiento colombiano unos decretos y una resolución que permitirían el fracking en el país .

“Las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales, y por consiguiente a los ecosistemas que dependan de estas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución”, señaló el Ministerio Público.

Organizaciones defensoras del medio ambiente celebraron el concepto de la Procuraduría.

“Evidente que el fracking es una de las prácticas más nefastas que hay en este mundo y expresamente por ello es que más de 20 países lo han prohibido. En Colombia, organizaciones sociales estamos promoviendo el proyecto de ley para prohibirlo”, dijo Juanita de los Ángeles Ariza, directora de la Red Nacional del Agua.

Pero, para otros, el análisis científico es el que determinará si habrá daño al medio ambiente y explican que prohibir el fracking traería graves efectos económicos.

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“Hoy, nuestras reservas de petróleo y de gas están a cinco y a ocho años y el fracking puede ser una herramienta fundamental para la reactivación económica en momentos de pandemia, pero, además, para aumentar nuestras reservas hasta por 25 años en Colombia”, afirmó Juan Espinal, congresista del Centro Democrático.

No obstante, los científicos advierten que el fracking o fracturamiento hidráulico también traería daños a la salud.

“La salud y los seres humanos son los grandes olvidados por estas normas. Nos dedicamos y nos preocupamos solo a las técnicas. Estamos preocupados en cómo se hace la técnica que pareciera infalible cuando no lo es”, aseguró Alba Rodríguez, toxicóloga.

El fallo está en manos del Consejo de Estado, que, aunque no está obligado a acoger el concepto de la Procuraduría, si lo estudiará en conjunto con otras pruebas para tomar una determinación final.

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