La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Justicia Especial para la Paz no aceptar el sometimiento de Alberto Santofimio Botero por el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cometido el 30 de abril de 1984, en Bogotá.
El Ministerio Público envió un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el que señala que el crimen no tiene relación material con el conflicto armado, ya que fue ejecutado por miembros del Cartel de Medellín para impedir que Lara siguiera combatiendo el narcotráfico.
En ese sentido, de acuerdo con la Procuraduría, no se trató de un acto propio de las hostilidades.
Asimismo, el organismo indicó que el aporte de verdad propuesto es insuficiente, debido a que no incluye elementos que ayuden a esclarecer, concreta y efectivamente el homicidio del exministro.
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