La unidad investigativa de Noticias Caracol recopiló las de pruebas que hacían parte del expediente en la Corte Suprema de Justicia y que quedaron en el limbo cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su curul como senador.
La razón es que la competencia para revisar su caso la asumió la Fiscalía y con ello hubo un cambio de sistema de juzgamiento. Las pruebas que tomó la Corte Suprema son legales, pero las formalidades para usarlas en el nuevo sistema juzgamiento tiene a los investigadores del búnker y al alto tribunal analizando el asunto.
¿Tendrán que volver a tomar todas las declaraciones de testigos esta vez en la audiencia de juicio? ¿Qué pasará con grabaciones e interceptaciones telefónicas que ordenó o avaló la Corte? Esta semana la Fiscalía y la Corte Suprema tendrán que pronunciarse y, aunque los reflectores están centrados en cuál será el futuro de caso Uribe, una decisión secundaria, pero crucial, se podría tomar alrededor de la validez de las pruebas.
¿Qué está en juego?
Las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve fueron importantes para dar origen al proceso contra Uribe. El confeso paramilitar entregó chats y cintas en las que queda en evidencia cómo el abogado Diego Cadena y otros emisarios lo buscaron para que se retractara de haber dicho que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en la creación del Bloque Metro.
El 22 de febrero del 2018 fue un día determinante para el caso. En el patio de visitas de la cárcel La Picota, Monsalve se reunió con el abogado Diego Cadena. A la misma hora y en el mismo lugar llegaron a una mesa contigua el abogado Jaime Lombana y María Mercedes Williamson, esta última es familiar de Enrique Pardo Hasche, el interno que compartía celda con Monsalve.
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Para Monsalve, lo que ocurrió ese día no fue casualidad, al contrario, evidenció las presiones que había en su contra. En poder de las autoridades están las grabaciones que Monsalve hizo con un reloj espía a Cadena, en donde el abogado manifiesta su afán por tener un documento firmado con su retractación.
"Lo que digo es: redactemos el #$%& documento. Si no, yo vengo mañana y mañana a primera hora presento el recurso. Eso es importante. La más importante de todas las declaraciones que hizo falta. Llevo cuatro, las tengo ahí afuera en la camioneta", le dijo Cadena a Monsalve.
Estos videos fueron revelados por el periodista Daniel Coronell, junto a otros en donde se ve cómo Pardo Hasche le recomienda a Monsalve atender la solicitud de retractarse. Jaime Lombana ha señalado que fue una trampa y que acudió a La Picota en compañía de Williamson por una emergencia médica que tenía Pardo Hasche.
Los pagos a alias Víctor
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en el año 2017 incriminando al senador Iván Cepeda : “me ofreció protección, me dijo que me iban a dar lo mismo que le había ofrecido a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, él era un comandante”.
En menos de un año, este testigo se retractó y entregó una nueva versión que provocó escándalo.
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Alias Víctor hizo una relación de pagos por 48 millones de pesos, algunos con soporte, recibidos del abogado Diego Cadena. Según él, esta fue su recompensa por haber salpicado a Cepeda.
Vélez aseguró que Cadena le entregó una carta escrita de su puño y letra y se la hizo firmar. Admitió haber firmado porque “las hermanitas de la caridad estaban dando plata”.
Dice, además, que el trato con Cadena era convencer a otros exparamilitares, como alias ‘Racumín’, ‘Diana’ y ‘Fosforito’, para que declararan contra Cepeda.
El abogado Cadena se defendió de los señalamientos asegurando que estos pagos correspondían a ayudas humanitarias para un hijo de Vélez. Después señaló que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.
Las cartas de los reclusos
El abogado Diego Cadena aportó a la Corte la declaración escrita de tres internos de la cárcel de Cómbita en contra de Iván Cepeda.
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Llamó la atención de la Corte que la letra de la carta que llevaba la firma del interno Máximo Cuesta fuera idéntica a la de Giovanni Cadavid, otro recluso.
También hubo alerta por la carta que envió el recluso Elmo Mármol, escrita por una persona y firmada por otra.
¿Cómo llegaron esas declaraciones al expediente de la Corte?
Fabián Rojas, exasesor de la UTL de Álvaro Uribe , aseguró haber participado, por petición del expresidente, de una reunión con el entonces director de la cárcel de Cómbita, el coronel Ricaurte, y la abogada Ángela López, su asesora.
Según Rojas, producto de esa reunión, Cadena consiguió los tres manuscritos. Las contradicciones del abogado frente a este y otros temas quedaron registradas en una decisión de 1.554 páginas que cobijó a Uribe con medida de aseguramiento.
En este caso particular, Cadena señaló que conoció a la abogada Ángela López a la entrada de la cárcel de Cómbita, cuando las verdaderas circunstancias de su cercanía fueron aclaradas por Fabián Rojas a la Corte.
"En el marco de la reunión, yo no sabía ni quién era esa señora que estaba con él. Cuando ya Diego se sentó, ella saludó a Diego, esta señora Ángela López. Entonces yo dije: ah, pero se conocen y Diego me dijo, lo que pasa es que por el ejercicio profesional hemos coincidido en algunos temas", afirmó Rojas.
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Cadena también admitió haber sido el autor de una de las cartas, no obstante, se defendió señalando que todo lo que está escrito fue ratificado por los mismos reclusos.
Y las interceptaciones, ¿son válidas?
En el debate de si las pruebas practicadas por la Corte Suprema son validadas para la Fiscalía o no, la parte más delicada son las miles de interceptaciones telefónicas que realizó el alto tribunal.
"Respecto de las interceptaciones, conservan su vigencia. Las practicó la Corte Suprema de Justicia y ella misma las validó, las convalidó y las estimó legales. Lo que sucede es que, al inicio del juicio oral, la defensa puede solicitar que esas pruebas no sean tenidas como tales dado que desconocerían derechos fundamentales y será el juez de conocimiento quien decida el aval de legalidad o, por el contrario, las excluye del trámite", explica Francisco Bernate, abogado penalista.
Entre las interceptaciones está la que se hizo por accidente a la línea de Álvaro Uribe . Los magistrados del alto tribunal lo consideraron un hallazgo inevitable y la incorporaron al expediente, pero los abogados del expresidente siguen insistiendo en que es una chuzada y reclaman su anulación.
La posibilidad de tener que arrancar desde cero con la toma de unas evidencias, cuya verificación se dio sobre la marcha, es un desafío que podría poner en jaque al sistema de justicia con el caso político más importante del país. La Fiscalía y la Corte tienen la palabra.
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