¿Qué pasará con exjefes de las FARC tras aceptar su responsabilidad en atroz delito del secuestro?

Entre 1982 y 2012, 21.396 personas fueron víctimas de secuestro en Colombia.

“Eso es humillante… de todo lo que yo sentí del secuestro fue ese día que me colocaron las cadenas y me amarran a un palo, ellos me custodiaban y estaba uno ahí humillado, pero el día que le colocan a uno las cadenas… uno no hace sino llorar”, dijo en su momento ante la JEP Armando Acuña, que era concejal de Garzón, Huila, cuando la guerrilla se lo llevó, en mayo de 2009.

Luis Eladio Pérez, quien intentó huir de sus captores sin éxito, relató ante la jurisdicción que "nos entregamos nuevamente a la guerrilla. El castigo fue encadenarnos desde ese día hasta el último día de secuestro como animales a los árboles. Nos sacaban a hacer nuestras necesidades como sacar uno a los perros al parque o a una zona verde".

“Lo único que nos daban eran dos plásticos, uno para poner en el suelo y un plástico en el techo. Esa era la casa, un techito ahí para la lluvia, mojados, vueltos nada”, agregó.

Estos testimonios son unas de las bases de la acusación de la JEP a ocho exmiembros del secretariado de las FARC por secuestro.

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Ahora que admitieron su responsabilidad, a los exguerrilleros les sigue corriendo el plazo de 30 días hábiles para responder formalmente si asumen o no su responsabilidad, porque por ahora solo lo han hecho en un comunicado de prensa. Ese plazo se vence el próximo 9 de marzo.

La jurisdicción debe citar a una audiencia donde nuevamente víctimas y victimarios se verán cara a cara.

"Junto con lo que diga la Procuraduría y las víctimas sobre los hechos imputados se podrá hacer una audiencia entre todas esas personas para que después de esa audiencia sí se tome la resolución de conclusiones donde se diga si se considera que hay una verdad que satisface o no existe", explicó Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.

Si la dicho es satisfactoria para las partes, los exintegrantes de las FARC enfrentarán una sanción de 5 a 8 años, que incluye una restricción efectiva de la libertad en un establecimiento no carcelario, que podría ser en granjas agrícolas o en sitios que establezcan como residencia.

También podrían enfrentar de 2 a 5 años si el culpable no tuvo una participación determinante en el delito y hasta 20 años de cárcel para quienes sean hallados responsables de secuestro.

Para que esto último ocurra, en la audiencia se debe establecer que los exintegrantes de las FARC no aportaron la verdad o que mintieron cuando dieron su versión.

También estará en manos de la justicia transicional establecer otras medidas como la posibilidad de suspender su participación en política.

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