Luego de que se conociera el comunicado entregado a la JEP por exmiembros del secretariado de las FARC, dondereconocen el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, hay revuelo judicial por lo que sucedería con el proceso.
Para expertos, la JEP enfrenta un escenario complejo, ya que tiene la competencia con relación a quienes han admitido esta responsabilidad.
"Lo más importante podría ser la competencia material: ¿se trata de un crimen de guerra? ¿de un delito de lesa humanidad? Y, en todo caso, si de ella se trata, ¿tiene una relación directa con el conflicto armado? Son preguntas que tiene que responder la JEP y, en particular, la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y, posteriormente, la sección del mismo nombre en una segunda instancia”, señala Rafael Prieto Sanjuán, profesor titular de la Universidad Javeriana.
Corresponde a este tribunal especial disponer una ruta para juzgar estos homicidios.
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"Ya que no están dentro de los macro casos, y la JEP no tramita casos individuales, también debe determinar si estos hechos guardan relación o fueron con ocasión del conflicto armado", insiste Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.
Para Camila Correa, profesora de derecho penal de la Universidad del Rosario, "lo que va a pasar es que van a ser llamados a una versión voluntaria. La sala tiene la facultad de contrastar información y, luego de los procedimientos internos, lo que puede suceder es que envíen a estos comparecientes a la sección con reconocimiento del tribunal para la paz, donde les pueden imponer las penas propias".
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“Un hecho, a nivel general, no podrá ser investigado de manera automática por parte de la JEP, porque para ello depende que aquellos que han participado como directos responsables o terceros intervinientes en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, podrán participar y someterse ante este este esquema de jurisdicción siempre y cuando lo decidan voluntariamente”, señala el abogado penalista Rodrigo Parada.
Los analistas creen que, si los testimonios de las FARC en el caso Gómez Hurtado y otros asesinatos no pueden ser admitidos, pasarían a la Fiscalía General de la Nación, específicamente a la delegatura ante la Corte Suprema de Justicia, para verificar la veracidad de estas afirmaciones hechas recientemente.
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