El Ministerio Público entró a revisar si mantiene o no una determinación proferida por un procurador encargado que abrió investigación debido a la llamada 'bodeguita uribista'.
Esta decisión resultó en la apertura de una investigación contra seis personas porque presuntamente habrían vulnerado los derechos a la libertad de prensa y los derechos políticos de la oposición.
El caso se relaciona con la denominada 'bodeguita uribista', desde donde se habría creado un grupo de WhatsApp llamado 'los influenciadores' para afectar a la oposición del gobierno de Iván Duque.
Para el momento de las quejas, registradas en febrero de 2020, figuran como investigados Claudia María Bustamante, cónsul general en Orlando (Estados Unidos), el consejero presidencial para la transformación digital Víctor Muñoz y Juan Pablo Bieri, en su calidad de asesor del departamento administrativo de la Presidencia de la República, mas no como integrante de la unidad legislativa del exsenador Álvaro Uribe.
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Esta determinación -al igual que otras 17- está cuestionada porque la tomó el procurador Alejandro Emilio Pérez, quien fue nombrado encargado por Fernando Carrillo, para entonces jefe del Ministerio Público. Pérez no se posesionó en el cargo.
Según la actual procuradora, Margarita Cabello, quien debía tomar esa decisión es la procuradora Sonia Téllez, actual titular de la dependencia encargada de casos como este y quien se posesionó el mismo día en que el otro procurador emitió esta decisión.
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Además, el Ministerio Público le pedirá a la Fiscalía General que investigué lo ocurrido con las decisiones tomadas por el funcionario no posesionado.
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