Daniel Palacios, ministro del Interior, respondió a los señalamientos contra la ley de seguridad ciudadana que, según los detractores, criminaliza la protesta social.
“No se está criminalizando la protesta social, porque no hace parte de la protesta social salir a quemar CAI”, afirmó el alto funcionario al explicar los alcances de la norma.
Palacios explicó que cuando el daño en bien ajeno “se cometa contra la infraestructura que está destinada a la seguridad ciudadana, quiere decir CAI, estaciones de Policía, la infraestructura que está al servicio de la justicia, quiere decir URI, sedes de la Fiscalía o Palacios de Justicia, se agravará la pena, y también si el ataque va al sistema de transporte masivo”.
“Ese agravado lleva a que la conducta sea de 4 a 12 años, quiere decir que no es excarcelable”, precisó.
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El ministro dijo que “habrá algunos que se molestan porque quien quema un Palacio de Justicia se vaya a la cárcel, yo no soy uno de esos, yo creo que quien queme un Palacio de Justicia se tiene que ir para la cárcel, yo creo que quien queme una estación de Policía o un CAI se tiene que ir para la cárcel y creo que muchos colombianos piensan lo mismo”.
Afirmó que esto no quiere decir que los uniformados que cometan abusos queden impunes.
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En el código disciplinario “se establecen sanciones más severas para los policías que incumplan con su función (…) Cualquier actuación de un miembro de la Policía que viole el Derecho Internacional Humanitario tendrá que ser, de preferencia, investigado por la Procuraduría General”, manifestó.
E insistió que “en ninguna parte de esta ley (de seguridad) se habla de la protesta social, que está garantizada por la Constitución y el Gobierno nacional”.
¿Violación de derechos humanos?
El senador Iván Cepeda dijo que “la aprobación del proyecto de ley que se hace llamar de seguridad ciudadana es una flagrante violación contra los DD. HH. en Colombia, que va a propiciar que se profundice esa crisis sistémica y masiva de DD. HH. y que es prácticamente una licencia para que particulares, agentes estatales y paramilitares actúen utilizando toda clase de medios y de armas frecuentemente en las condiciones de la movilización social”.
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Frente a estos señalamientos, el ministro Palacios recalcó que no encuentra “ninguna parte en el articulado que hable sobre que las personas se puedan armar. De hecho, mire lo ridículo. En este proyecto se establecen limitaciones para el uso de armas traumáticas, de letalidad reducida, tienen que tener permisos, tienen que ir al departamento de Control y Comercio de Armas, totalmente lo contrario, estamos es limitando la capacidad de tener esas herramientas”.
Agresión a un policía
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Para Palacios, “es muy peligroso un país que pensamos que está bien agredir a la Policía. Si partimos de una premisa de que agredir a un policía está bien, estamos partiendo de una premisa en donde la autoridad en Colombia no representa absolutamente nada”.
Por eso se castigará con la ley de seguridad a quien agreda a un miembro de la Policía, le genere “lesiones personales, significa que le pegó, le rompió la cara, le generó algún daño”.
La pena no es para quien “insulte o sea grosero con el policía, es cuando usted le genere una lesión”, aclaró.
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