Robo, usurpación y despojo: la guerra sin cuartel que se libra en Colombia por la tierra

Noticias Caracol conoció los detalles de una ponencia que estudia la Corte Constitucionalen la que se pide declarar el estado de las cosas inconstitucionales, es decir, aplicar la herramienta o mecanismo que protege los derechos de los campesinos en materia de acceso a la tierra en Colombia.

La situación de cerca de 12 millones de labriegos del país es tan calamitosa que el alto tribunal discute caminos para intervenir en esa tragedia.

Don Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años. Sus manos tienen callos por arar la tierra y su alma está amarga tras el olvido en el que lo dejó el Estado.

Él vive con María Noemí, su esposa, en una finca sencilla situada en la vereda Quebrada Vieja, Boyacá. En ese trozo de tierra cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria y el ordeño, se toman un tinto bien cargado y hacen cuentas tristes: por cada litro de leche les pagan apenas 900 pesos.

“El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua y a toditico para que las ciudades se sostengan. Nosotros pensamos en todas las personas que tenemos en las ciudades. Una persona que no tenga un bocado de comida empieza a volverse nada y se tiene que ir a un hospital. Nosotros vivimos en nuestro campo para llevar lo mejor a la gente de las ciudades”, cuenta don Aquilino.

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A pesar de haber labrado su parcela desde que tiene memoria, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno de los más de 2 millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón.

“Vea cuántos años llevamos luchando, cuánto tiempo lucharon nuestros papás y abuelos para tener un papel, una escritura pública, pero nunca se pudo”, narra el campesino.

Lo que más le amarga es sentirse como un inquilino en su propia parcela, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias legales.

“Esa gente sí tiene sus escrituras públicas y uno como campesino como no tiene los dineros porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede”, señala.

Aquí la tierra no es de los campesinos: según cifras del Dane, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria. De esa cifra, 1.669.287 tienen menos de cinco hectáreas. Esa tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario.

En contraste, hay 5.842 predios de más de mil hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0,86% y deja a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional, tilda de “obscena” la concentración de las hectáreas productivas en Colombia.

“Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice. No solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo. Es así de sencillo”, aseguró Gutiérrez.

Según Gutiérrez Sanín, las abismales dificultades del campesino para acceder a las tierras y la ocupación ilegal son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de las hectáreas. De ese caos administrativo se aprovecharon los acaparadores para correr las cercas de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo.

“Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego y lo vemos con las cifras: los 8 millones de desplazados. El estudio más serio que conocemos sobre pérdida de tierra que es el que hizo Garay y Asociados para la Corte Constitucional, ese análisis llega a la conclusión de que más o menos el 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra, si estamos hablamos de 8 millones de desplazados imagínese la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala”, aseguró el director del observatorio.

Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1,2 millones las hectáreas que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en ese desastre.

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Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que pide declarar el estado de cosas inconstitucionales en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos.

Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla y que la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado.

Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia, ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la Nación y que debieron ser redistribuidos para la Reforma Agraria.

Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano.

Una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de tres millones de hectáreas más en la reforma agraria.

Sin rodeos, Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló la situación de desconocimiento de los baldíos.

“En Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares, no es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido”, dijo.

Otra particularidad se suma a la situación, no son pocos los casos en los que baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos.

El último escándalo lo protagonizó la familia del exsenador del Centro Democráticoy hoy embajador en República Dominicana Daniel Cabrales. En 2009 un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas.

La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la Nación.

Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales.

Tras concederle una tutela a la Agencia Nacional de Tierras, la Corte Suprema determinó que las 13 fincas que reclamaban los Cabrales en Córdoba podían ser predios del Estado. El portal Verdad Abierta fue el primer medio de comunicación en publicar esta investigación.

Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, sostuvo unas declaraciones contundentes con respecto al caso de los Cabrales y otros que se han registrado en el país.

“Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias de propiedad pública, por ser imprescriptibles”, expuso Trujillo.

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Ese acaparamiento de tierras, por vía judicial, ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018 distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal que corresponden a 215.457 hectáreas.

“En nuestras estimaciones, el 49% de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la Unidad Agrícola Familiar que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Eso significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierras, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural”, sostuvo Diana Guiza, investigadora y profesora.

Para Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la Nación. Un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados.

“Hay unos juzgados en específico que han entregado bastantes predios en periodos cortos de años, entonces hemos identificado estos jueces en Córdoba y en Casanare, por ejemplo, que en 2 o 3 años han entregado. Y eso ya empieza a generar sospechas”, manifestó Diana Guiza.

Para ponerle fin a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025.

Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó dos créditos por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Definitivamente, es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Al principio del cuatrenio solo el 5% del territorio tenía información catastral actualizada y otro 28% nunca había sido contado con este tipo de datos. Por eso el Gobierno nacional está comprometido con el avance de la política de catastro multipropósito para saldar esta deuda”, dijo Olga Lucía Morales, directora del Agustín Codazzi.

En esa misma línea, se pronunció Fernanda García, la Superintendente de Notariado y Registro. Según dijo, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por fin se está realizando el gran inventario de propiedades del Estado y, al tiempo, se han multiplicado los controles para impedir que las mafias que rondan las oficinas de registros públicos sigan enriqueciéndose.

“En la oficina de Registros Públicos de Florencia y de San Vicente del Caguán nos percatamos que había un concierto para delinquir en ese aspecto. Un grupo de profesionales conjuntamente con la registradora recibían unas dádivas a cambio de alterar el sistema de información registral que nosotros tenemos en la superintendencia. No vamos a tolerar la corrupción, ya se han proferido en menos de un mes tres fallos disciplinarios con sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, mencionó García.

A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica.

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El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos: el Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la Nación casi un billón de pesos.

Por ahora, la propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos tres magistrados más de la Corte Constitucional, es decir, arrancaría con cuatro votos, pero se necesitan cinco como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino escuchan los reclamos.