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¿Se les acabó la guachafita? Todo ladrón en Colombia iría a la cárcel, así robe "poquito"

Proyecto de ley, a punto de ser aprobado en el Congreso, también establece castigos para reincidentes y precisa el tema de la legítima defensa.

¿Se les acabó la guachafita? Todo ladrón en Colombia iría a la cárcel, así robe "poquito"

El representante a la Cámara Juan Manuel Daza explicó qué delitos se crearon y en qué consistirá el aumento de penas para cualquier ladrón y otros delincuentes en Colombia con el fin de que no sean excarcelables.

El congresista prevé que antes de que se acaben las sesiones extras, el 23 de diciembre de 2021, esté aprobada la iniciativa.

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Estamos pensando en la víctima, tenemos que dejar de pensar tanto en los derechos y las garantías de los bandidos, que como ser humano los tienen, pero también tenemos que darles garantías y derechos a quienes sufren esos flagelos”, dijo.

La norma establece que para adquirir un arma de fogueo o traumática un particular necesitará de un permiso especial que va a otorgar el departamento de Control y Comercio del Ministerio de Defensa; en el caso de empresas de vigilancia, lo entregará la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad.

Quedó estipulado que el Gobierno tiene 6 meses para regular si se requieren exámenes médicos para la entrega.

Asimismo, se bajó la cuantía de lo robado, con lo que las penas para cualquier ladrón ya no serán excarcelables.

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Si el hurto va de 0 a 4 salarios mínimos ($4 millones), la sentencia será de 32 a 48 meses y si supera esa cifra, la pena va de 48 a 108 meses de cárcel.

Esto establece sobre las penas para un ladrón y otros delincuentes:

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Será agravante si el delincuente tiene antecedentes en los últimos 5 años.

  • Amenaza o intimidación con arma: tendrá cárcel y será agravante modificar el arma para causar daño.
  • Porte de arma blanca: incluye elementos cortopunzantes en parques o eventos masivos.
  • Vandalismo: “La protesta por definición tiene que ser pacífica”, dijo el representante Daza. Por eso, precisó, se aumentó la pena de daño a bien ajeno cuando sea infraestructura de la justicia, de la seguridad o el transporte público. “Quemar un CAI o un Palacio de Justicia o dañar el Transmilenio debe ser agravado porque estoy afectando a la sociedad en conjunto. La pena aumentó entre 4 a 12 años”, dijo.
  • Legítima defensa privilegiada: permita que la víctima pueda responder, “inclusive con letalidad, a quienes pretendan traspasar la barrera de mi habitación, de mi domicilio, de mi comercio y de mi vehículo cerrado. Uno tiene derecho a defenderse, no nos dejen más las manos atadas en este país, los criminales andan envalentonados porque saben que hoy tienen más garantías ellos que nosotros como víctimas”, señaló el congresista.
  • Asesinato de policías, soldados, jueces, defensores de DD. HH. o líderes sociales: pena máxima de 60 años de cárcel.

El representante Daza afirmó que no quiere legislar “pensando en el bandido, sino en la víctima que está en la calle y clama una verdadera justicia”.

“No puede ser que más nos demoremos en capturar y denunciar para que el juez deje libre al hampón, inclusive persiguiéndome por haberlo denunciado, no va más”, afirmó.

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